En conmemoración del día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que se evoca cada 25 de noviembre, la Bancada de Mujeres del Partido Conservador nos permitimos presentar la siguiente constancia en solidaridad a las miles de víctimas colombianas que han padecido el horror de la violencia de género.
En Colombia, hemos realizado diferentes actividades con el fin de sensibilizar a los colombianos en materia de género y promover una vida libre de violencia. Desde el Congreso de la República, los partidos y movimientos políticos nos hemos unido en torno a la prevención y sanción de este flagelo que aqueja cada vez más a las mujeres colombianas, trabajando de manera especial en el fortalecimiento de la implementación de la ley 1257 de 2008 que previene y sanciona toda forma de violencia contra la mujer, la ley de 1761 de 2015 sobre Feminicidio y demás normas que han complementado toda la legislación frente a este tema, en materia penal a través del endurecimiento de las penas, la eliminación de atenuantes, modificando los procedimientos para que su conocimiento sea de oficio, entre otras medidas.
Asimismo hemos llamado la atención amparadas en la legislación, para que desde los diferentes ministerios se cumplan las obligaciones del Gobierno Nacional en el marco de la Política Pública de Equidad de la Mujer, en materia de salud, educación y trabajo, todo lo anterior con el fin de que los índices de violencia en los ámbitos familiar, social, económico, político y laboral, disminuyan.
No obstante los esfuerzos realizados, las estadísticas y las cifras demuestran que la violencia contra la mujer no cesa, al contrario cientos de casos son aún revelados como hechos atroces. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, reveló en su informe Forensis, que al 31 de julio de 2016 se han registrado 44.796 casos de violencia intrafamiliar, de los cuales más de 25.000 casos son de mujeres violentadas por sus parejas, mientras que 4.000 hombres se han visto afectados por este tipo de violencia.
De igual forma denunciamos y exigimos que hechos reprochables como el de Dora Lilian Gálvez en Buga, quien además de ser abusada sexualmente, fue golpeada brutalmente, empalada y su cuerpo quemado en una gran proporción, lo que tristemente nos recuerda el repudiable caso de Rosa Elvira Cely quien perdiere la vida en un similar acto de barbarie, no queden impunes. Estos crímenes deben ser sancionados eficazmente pues tenemos el marco jurídico para que los operadores judiciales actúen, pero es urgente que quienes imparten justicia conozcan y apliquen pertinentemente la normatividad vigente protegiendo los derechos de las víctimas frente a los victimarios.
Nuestra labor como legisladoras seguirá articulada con las las organizaciones de mujeres, para que todas las medidas orientadas a lograr una sociedad libre de violencia, incluyente y equitativa sean promovidas y aplicadas tanto el ámbito público como el privado, y desde este espacio continuaremos instando a las diferentes ramas del poder público, como hasta ahora lo hemos hecho, para que ejecuten los mandatos legales y orienten sus planes y programas en prevenir decididamente la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes, para lo cual estamos vigilantes de sus ejecutorias.