Procesar al senador Armando Bennedetti pidió la Fiscalía a la Corte; el congresista se defiende
Inmediatamente, Bennedetti se defendió, negó cualquier vinculación con el ilícito y aseguró que su nombre fue utilizado ilícitamente.
Según el congresista, “había empresa criminal con un juez, docentes y abogados corruptos en los cuales no necesitaban ninguna gestión de un senador”.
“Era inevitable que la Fiscalía compulsara copias a la CS…desde el punto de vista jurídico estoy tranquilo aunque golpeado anímicamente”, complementó Benedetti en su cuenta en Twitter.
Además reprodujo un aviso que, afirma, publicó el 22 de abril de 2012 en el periódico El Meridiano de Córdoba “advirtiendo que estaban utilizando mi nombre ilícitamente”
La Fiscalía General informó que el 21 de noviembre pasado el Fiscal Quinto delegado ante el Tribunal Superior de la Dirección de Fiscalías Nacionales, Alfredo Parada Ayala, compulsó copias ante la Corte Suprema de Justicia para que investigue al senador Armando Benedetti con ocasión del proceso que sobre la defraudación al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio se adelanta bajo el número 110016000000201600175 en ese despacho.
En este proceso, subrayó, se han formulado imputaciones por los delitos de falsedad ideológica en documento público, falsedad material en documento público, falsedad material en documento privado, prevaricato por acción y peculado por apropiación.
La fiscalía afirma también que en la investigación correspondiente obran las declaraciones de los ciudadanos Jaime Enor Agamez Pineda y Álvaro Enrique Burgos del Toro, quienes señalan la supuesta participación del senador Benedetti en conductas contrarias a la ley.
En la fecha, a solicitud del fiscal de conocimiento, mediante resolución número 03851, el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, concedió principio de oportunidad al señor Álvaro Enrique Burgos del Toro, en la modalidad de suspensión de la acción penal, por el término de un año, a condición de que funja como testigo de cargo para demostrar la responsabilidad penal de las personas involucradas en los hechos investigados, concluye el reporte de la fiscalía.
