–La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pidió este viernes al gobierno colombiano mejorar las condiciones logísticas y de seguridad para la materialización de la desmovilización y desarme de las Farc, a tiempo que le hizo un fuerte reclamo por el vacío de poder que subsiste en las zonas que dejan los guerrilleros.

“A medida que las Farc dejan zonas tradicionalmente bajo su control, el Estado aún no ha entrado completamente, dejando un vacío de poder”, afirma el organismo de la ONU en un documento divulgado en la fecha en Nueva York.

Agrega que “los grupos armados y criminales están compitiendo por el control de las actividades económicas ilegales en estas áreas, tales como el cultivo de coca y la minería ilegal”.

Además advierte que en medio de esta situación, existe el riesgo de un aumento de violaciones de derechos humanos y al efecto cita el asesinato de 61 líderes sociales y defensores de derechos humanos en este 2016 que termina.

El Alto Comisionado de la ONU dice que espera que el aval de la Corte Constitucional de Colombia para la “vía rápida” para implementar las reformas legales cruciales para implementar el acuerdo de paz con las FARC, incluyendo una ley de amnistía, impulsará el proceso hacia adelante.

En el documento, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos humanos, a cargo de Zeid Ra’ad Al Hussein, hace las siguientes precisiones:

“El acuerdo de paz en Colombia tiene un gran potencial para mejorar la situación de los derechos humanos en el país, pero nos preocupa que los aspectos prácticos de la desmovilización y el desarme de los miembros de las FARC figuran en el acuerdo no se les da prioridad.

La experiencia internacional muestra que los primeros días de la desmovilización son los más críticos para asegurar combatientes no abandonan el proceso de paz y para evitar un aumento de la violencia.

En el marco del acuerdo de paz, se supone que las FARC a reunirse en 27 zonas donde van a desarmar y desmovilizar. Sin embargo, dos semanas en el proceso de desmovilización, ninguna de estas zonas están equipadas para recibir adecuadamente. No hay acceso limitado al agua potable, alimentos, servicios de salud y la electricidad.

Mientras tanto, los miembros de las FARC se han reunido en lo que se conoce como puntos de preconcentración antes de desarmar y desmovilizar, donde hay falta similar de preparación y las instalaciones. También nos preocupa que no existen medidas de seguridad concretas en su lugar.

A medida que las FARC dejan zonas tradicionalmente bajo su control, el Estado aún no ha entrado completamente, dejando un vacío de poder. Los grupos armados y criminales están compitiendo por el control de las actividades económicas ilegales en estas áreas, tales como el cultivo de coca y la minería ilegal.

En medio de esta situación, existe el riesgo de un aumento de violaciónes de derechos humanos. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia documentó 61 homicidios en 2016 – principalmente de los defensores de derechos humanos y líderes sociales en las zonas rurales. Veintiuna de estas muertes ocurrió después de la firma del primer acuerdo de paz el 26 de septiembre.

También existen desafíos a largo plazo, dado el ambicioso alcance del acuerdo de paz.

Por consiguiente, instamos al Gobierno de Colombia para designar un gestor de crisis con autoridad ejecutiva para hacer frente a estos problemas prácticos para evitar el debilitamiento de un proceso de paz que promete mucho, si se aplica adecuadamente.

También hacemos un llamamiento a la acción inmediata, decidido y visible Estado sobre el terreno para proporcionar seguridad y servicios básicos y para comenzar a implementar todos los aspectos del acuerdo para asegurarse de que la altura de la promesa de paz para Colombia.

El impulso dado al proceso de paz por la concesión del Premio Nobel de la Paz al presidente Juan Manuel Santos es bienvenido.

También esperamos que la decisión de la Corte Constitucional de Colombia para otorgar la “vía rápida” autoridad para implementar las reformas legales cruciales para implementar el acuerdo de paz con las FARC, incluyendo una ley de amnistía, impulsará el proceso hacia adelante.