Según la Concejal Lucía Bastidas, la violencia intrafamiliar ha dejado de ser un problema personal o familiar para convertirse en una acción pública, un delito que afecta la sociedad.

Lo muestran más de 205 mil actuaciones de todo tipo que adelantaron las comisarías en los primeros nueve meses de este año en la ciudad. Eso implica una demanda masiva de los ciudadanos en busca de justicia. Más de 20.973 de los casos atendidos fueron por violencia intrafamiliar, es decir, un promedio de 2.330 agresiones mensuales. Y en más de 4.000 casos se requirió la expedición de una medida de protección.

El problema es que estas entidades no están cumpliendo con su misión de prevenir y actuar de manera efectiva contra este delito que está minando la integridad de las familias y poniendo en riesgo la vida de las mujeres y de los niños y niñas. Y no es una simple percepción. A diario las mujeres manifiestan su frustración por la ineficacia, lentitud y falta de oportunidad de las medidas.

Las comisarías de familia de Bogotá ocupan el primer lugar en las quejas por mal servicio y deficiencias que registran los ciudadanos.

Una evidencia de ello es un análisis que hizo la Veeduría Distrital de los reclamos que se radicaron en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones (SDQS) entre enero del 2015 y marzo del 2016: el 69,7 por ciento fueron contra las comisarías.

La ciudad cuenta hoy con 36 comisarías de familia: 2 móviles, 22 que funcionan de 7 de la mañana a 4 de la tarde, 10 con horario hasta las 11 de la noche y 2 las 24 horas.

Las localidades donde más medidas de protección se tramitaron por casos de violencia intrafamiliar, maltrato infantil y delito sexual entre el 2014 y el 2015 fueron Kennedy, Suba, Bosa, y Ciudad Bolívar. Este año han atendido 36.740 solicitudes de servicio.

El 29,61 por ciento de las quejas ciudadanas que llegaron al SDQS fueron para denunciar fallas y demoras en el servicio de las comisarías, y entre las que más reclamos merecieron fueron Suba, Santa Fe, Bosa y Chapinero, con el 52,2 por ciento de la inconformidad.

Y esto es solo una muestra. Diariamente las mujeres padecen las barreras de acceso adecuado a los servicios de las comisarías, que requieren con urgencia una reforma que las transforme en verdaderos instrumentos de defensa de los derechos y de prevención de la violencia que, muchas veces, las pone al borde de perder la vida.

Cientos de mujeres se cansaron de la desidia y falta de humanidad en algunos de estos centros y ya no denuncian porque perdieron la confianza. Ya no creen que a los funcionarios les interese su caso y su seguridad.

Hay fallas de todo tipo que están repercutiendo en la deficiencia de la atención: empezando por la parte estructural y física de las instalaciones, que no son adecuadas ni suficientes, para ofrecerles una atención digna y en condiciones de seguridad a las personas que requieren sus servicios.

Pero en especial hay un problema de fondo que amerita una intervención urgente: los procesos y protocolos de atención se están quedando en el papel y no están surtiendo un verdadero efecto de defensa de los derechos y las mujeres están siendo revictimizadas. Y no solo eso, está demostrado que no hay capacidad de hacer cumplir con las medidas de protección que se expiden.

Los sistemas de información no están sirviendo para hacer seguimiento efectivo a los casos y no son pocas las ocasiones en que los comisarios no tienen ni idea de lo que pasa con las mujeres después de que expiden a su favor una orden de protección.

Finalmente hay un tema que no debería esperar a una reforma estructural y es la capacidad de los funcionarios que atienden las comisarias: hace falta humanidad: son muchos los servidores de estos centros que son indolentes con los dramas que denuncian las mujeres.