Una juez de control de garantías desbarató este martes la investigación de la Fiscalía para imputar cargos a cinco personas representantes de la Fundación Prociencia por la firma de un contrato millonario con el Icbf para la atención de 3.744 niños hasta cinco años y madres gestantes de diez municipios del Bolívar.

La Fiscalía apeló la decisión porque: “Tres actuaban como trabajadores de la Fundación Prociencia, que tiene contratos vigentes con el Icbf, por la suma de $7.818.524.064. Los otros dos fungían como representantes legales de las empresas Minimarket, Distrimarket y Comercializadora Logística S.A.S., proveedores activos de la Fundación”.

Pero la juez señaló que: “Esos recursos parafiscales son públicos, pero no pertenecen al Estado y por tanto no ingresan al fisco, no son de libre asignación, ni de libre disposición, pues por su naturaleza tienen destinación específica… En virtud a esas apreciaciones, los recursos provenientes de rentas parafiscales no son rentas que estén incorporadas en el presupuesto general de la Nación”.

Pero la Fiscalía logró demostrar que los cinco capturados, que son familiares del concejal de Cartagena Américo Mendoza, desviaron más de $1.500 millones mediante el cobro de refrigerios y complementos nutricionales al Icbf, que no se entregaron.

Por otro lado se estableció que la Fundación Prociencia, realizó un subcontrato para la compra de suministros con empresas creadas por la misma familia, que funcionaban en un mismo lugar.

En estos subcontratos fueron hallados sobrecostos en la alimentación, además de pagos de arriendo y otros conceptos no autorizados en el contrato, con la utilización de facturas falsas.

La Fiscalía sostuvo que: “En la investigación se estableció la presunta apropiación de recursos de dicho contrato en cuantía de mil quinientos sesenta y seis millones seiscientos cincuenta mil ciento noventa y ocho pesos ($1.566’650.198)”.