El Posconflicto, la factura electrónica y la seguridad digital algunos de los retos en el Sector TI para el 2017
De acuerdo a cifras del Gobierno Nacional más de un 70% de las Mipymes colombianas tienen acceso a Internet, lo que representa un desafío en materia de seguridad digital y permite la implementación de proyectos tecnológicos con buenas prácticas en TI, para que las organizaciones sean más eficientes, productivas, competitivas y sostenibles.
Dado lo anterior, Certicámara S.A., empresa líder del país que proporciona herramientas con altos niveles de seguridad para proteger la información, los documentos digitales, canales transaccionales, plataformas tecnológicas y los entornos electrónicos de entidades públicas y privadas, presenta un panorama del 2016 basado en aciertos y desaciertos, y los retos que se avecinan para el 2017.
Aciertos:
1. La Dian definió el modelo técnico y funcional de la factura electrónica. A partir de 2017 inicia su implementación con las empresas voluntarias y aquellas seleccionadas por la Dian.
2. Los sectores financiero, notarial, aéreo, cameral, transporte y postal firmaron convenios para identificar ciudadanos con biometría por huella consultando las bases de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil y con Certicámara como operador biométrico líder en el país, incrementando los niveles de seguridad para evitar la suplantación de identidad y dejando atrás los tradicionales formularios de preguntas.
3. Según cifras de Certicámara S.A., las empresas y entidades públicas invirtieron en el 2016 cerca de cuarenta mil millones de pesos ($40.000.000.000) en herramientas tecnológicas con altos niveles de seguridad para proteger sistemas de información, canales transaccionales y validar la identidad de ciudadanos.
Desaciertos:
1. De acuerdo a cifras de Symantec y Certicámara líderes en seguridad informática en el ámbito internacional y nacional, el crecimiento anual de las amenazas cibernéticas oscilan en un 50% en Colombia y en el mundo. Esta cifra está muy por encima del presupuesto que destinan las entidades públicas y empresas para proteger sus sistemas de información y portales de internet que no supera el 10%.
2. A noviembre de 2016 la Superintendencia de Industria y Comercio impuso 51 sanciones por un valor superior a los cuatro mil millones de pesos ($4.000.000.000) a empresas que han incumplido la Ley de Protección de Datos Personales en el país.
3. El reemplazo de la firma digital por un esquema de clave y contraseña en los trámites que los contribuyentes deben realizar ante la DIAN, es un retroceso en materia de seguridad digital pues abre la puerta a la generación de riesgos asociados a la suplantación de identidad.
Retos para el 2017:
1. La identificación de las víctimas del conflicto armado a través de un mecanismo idóneo como la Biometría consultando las bases de la Registraduría Nacional del Estado Civil para entrega de ayudas económicas en dinero y en especie. Certicámara tendrá un papel fundamental en este proceso con sus herramientas de seguridad a fin de evitar suplantaciones de identidad y fraudes al Gobierno Nacional.
2. Pequeñas, medianas y grandes empresas deben prepararse para adoptar facturación electrónica pues en el 2018 será obligatorio. Recientemente Certicámara recibió aval de la DIAN para ser facturador electrónico y se encuentra en proceso de habilitación para convertirse en proveedor tecnológico, de esta manera podrá convertirse en aliado de medianas y grandes organizaciones a fin de dar cumplimiento a los plazos establecidos por DIAN.
3. Todas las empresas inscritas en las cámaras de comercio del país deberán reportar la información que manejen a través del Registro Nacional de Bases de Datos para evitarse sanciones y multas. La SIC amplió el plazo a junio de 2017. Es importante acudir a expertos como Certicámara para implementar proyectos que permitan dar cumplimiento a la Ley.
4. Finalmente, Certicámara hace un llamado para avanzar en la definición y regulación de los títulos valores electrónicos en Colombia que permitirá reducir costos operativos, disminuir el uso de papel y mejorar los niveles de servicio a usuarios y ciudadanos que por ejemplo soliciten algún tipo de crédito.