En desacuerdo se mostraron los senadores Doris Vega y Enríquez Maya, coautores del proyecto, entre otros, que autoriza remuneración para los miembros de Juntas Administradoras Locales, al enterarse que el Presidente Santos objetó la iniciativa en mención.

La senadora Doris Vega de Opción Ciudadana, se pronunció desconcertada y lamentó que el gobierno nacional haya tomado esta decisión, «la iniciativa está enfocada en reconocer esa labor loable y meritoria que cumplen los ediles, en pro de vigilar la prestación de los servicios y las inversiones en sus localidades, además rescata el derecho a la igualdad, en este caso a funcionarios pertenecientes a una corporación pública».

Por su parte, el congresista conservador Eduardo Enríquez Maya manifestó que la decisión del gobierno nacional es respetable, pero a su vez lamenta que no se haya tenido en cuenta un reconocimiento mínimo a los derechos que tienen estos servidores públicos.

En el documento dirigido al congreso, el ejecutivo argumenta que la Objeción de inconstitucionalidad tiene que ver con el artículo 2o, que modifica y adiciona el artículo 42 de la Ley 1551 de 2012, donde se vulneran los artículos 287 y 362 de la Constitución, que desconoce el derecho que tienen las entidades territoriales para administrar sus recursos, particularmente sus ingresos tributarios y no tributarios; además, dice el gobierno nacional, no satisface los requisitos que exige la jurisprudencia, para considerar la intervención del Legislador en la destinación de los recursos que son propiedad de los municipios.

El gobierno, explica que la remuneración de los ediles implicaría nuevos gastos de funcionamiento para los municipios, y además que el impacto fiscal que genera el proyecto de ley tiene repercusiones para los presupuestos locales. Sin embargo, aduce el ejecutivo que el reconocimiento a la labor de los ediles puede efectuarse mediante otro tipo de medidas, que sí resulten respetuosas de la autonomía territorial de los municipios.

Respecto a la Objeción de inconveniencia, según el gobierno la iniciativa genera un impacto fiscal negativo, pero no lo precisa; señala adicionalmente que no es conveniente crear nuevas obligaciones a los municipios sin antes verificar cuáles son las condiciones materiales y las fuentes de financiación que les permitirá cumplir lo advertido en la ley.