El presidente de La Alianza Verde, Antonio Sanguino, se pronunció sobre la polémica que ha desatado el sacrificio de 40 peces de diferentes especies marinas exóticas, incautados en el centro comercial Atlantis Plaza por la Secretaría Distrital de Ambiente, asegurando que la entidad “no tiene capacidad para atender temas de fauna marina”.

En un comunicado de seis puntos el también concejal señaló: Reconocemos como lo manifiesta la SDA que “las especies incautadas pertenecen a ecosistemas foráneos. No se puede desconocer el impacto que puede llegar a generar el ingreso al país de especímenes exóticos: se amenaza la biodiversidad y la conservación de los ecosistemas, aparte de que estas especies introducen enfermedades a las especies nativas, y se comportan principalmente como depredadores, alterando el equilibrio biológico”.

El cabildante agregó que “reconocemos como lo afirma Conservación Internacional Colombia que se “pone en peligro el frágil equilibrio medioambiental de Colombia, con efectos catastróficos”; No obstante dicho riesgo se correría solo si dichas especies se liberan al ambiente.

A lo anterior, Sanguino manifestó que “también se debe reconocer que el sacrificio de los 40 animales incautados por parte de la SDA, fue la decisión más facilista que evidenció que ante este tipo de eventos, no existe un protocolo por parte de la entidad para evaluar las diferentes opciones o alternativas más costo- efectivas pensando en la aplicación y cumplimiento de la Ley Ambiental en el marco de la Regulación Ambiental Internacional, en este caso el “Convenio de Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica” y el “Acuerdo de las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias- MSF” (que incluye también las medidas zoosanitarias). En la normatividad existen dos caminos: preservarlos o sacrificarlos, camino este último elegido por la SDA”.

“Este tipo de eventos de controles ambientales son imperativos, pero podrían y deberían ser usados para preservar las especies incautadas y adelantar campañas de sensibilización y educación; como lo señala Juan Manuel Díaz, gerente de ciencias de la organización Marviva, que les enseñen a los ciudadanos que la fauna silvestre no puede tenerse en casa sin autorización: “No se debe satanizar los acuarios porque tienen una función didáctica y educativa” prosiguió.

Además, rechazó el comercio ilegal de la fauna silvestre, sobre todo de los animales acuáticos, porque aún hay mucha ignorancia”. Y en ese mismo sentido dio como válida la opinión sobre el tema emitida por el director de Conservación Internacional Colombia, y ex viceministro de ambiente Fabio Arjona, quienes indicaron que una opción habría sido “haber dejado en custodia del tenedor, previa multa, teniendo en cuenta que los mantenía de forma irregular”, es decir, incautar “in situ” y dejar en custodia los 40 animales y adicionalmente exigir al centro comercial Atlantis Plaza, el cumplimiento de un programa de sensibilización dirigido a los visitantes del acuario.

El manejo por parte de la SDA de la incautación y posterior eutanasia de los 40 animales como lo afirma el mismo denunciante (Camilo Prieto), podría desestimular las denuncias sobre su tráfico ilegal. Asimismo, este evento debe ser tenido en cuenta por la SDA como un aprendizaje del error cometido, para evitar la percepción de algunos expertos como Andrea Padilla, vocera de AnimaNaturalis Internacional quien manifiesta que “nuestra percepción es de preocupación porque el manejo de la Secretaría evidencia que no tienen capacidad para atender temas de fauna marina.

Esto demuestra improvisación”… “la Secretaría hizo el proceso de incautación sin tener claridad sobre lo que iban a hacer con las especies, ya que, según el seguimiento que ella le ha hecho al caso, no se siguieron protocolos básicos de protección. La comunidad no tendrá interés en denunciar este tipo de tráfico ilegal de especies, si percibe que la autoridad ambiental no dispone de los protocolos más adecuados de protección, argumentó.

Y concluyó señalando que e”sto demuestra improvisación”… “la Secretaría hizo el proceso de incautación sin tener claridad sobre lo que iban a hacer con las especies, ya que, según el seguimiento que ella le ha hecho al caso, no se siguieron protocolos básicos de protección. La comunidad no tendrá interés en denunciar este tipo de tráfico ilegal de especies, si percibe que la autoridad ambiental no dispone de los protocolos más adecuados de protección”.