Este martes el Comité Promotor integrado por Claudia López, Antonio Navarro, Angélica Lozano, Antonio Sanguino y Rodrigo Romero presentó ante la Registraduría Nacional la Consulta Anticorrupción que tiene por objetivo poner a consideración de la ciudadanía siete temas para prevenir y castigar duramente a los políticos y contratistas corruptos en todo el país.

La consulta popular es un mecanismo de participación ciudadana muy exigente en el número de firmas (5 millones) y votos requeridos para su aprobación (11 millones), pero tiene la gran ventaja de que lograda la votación, lo aprobado en la Consulta es de obligatorio cumplimiento. Si el Congreso se niega a aprobar las normas anticorrupción ordenadas por la Consulta, el Presidente debe sacarlas por decreto.

“Ya terminamos la guerra, ahora nuestra gran prioridad debe ser domesticar a la clase política y acabar con su corrupción. Para lograrlo es importante que nos unamos en esta Consulta para demostrarles que somos mayoría los que estamos cansados de la politiquería, de la mermelada y de los acuerdos por debajo de la mesa. Tenemos que obligar al próximo Gobierno y al próximo Congreso a que adopte medidas indispensables para derrotar este mar de corrupción en el que estamos” Indicó la senadora López.

Y es que no es la primera vez que mediante propuestas y proyectos de acto legislativo se intenta acabar con la politiquería y las triquiñuelas que hacen algunos para beneficio propio. En esto, la representante Angélica Lozano afirmó que el Congreso ha rechazado varias veces los proyectos para que congresistas rindan cuentas de su trabajo y declaren renta, también señaló: “este es un país terriblemente desigual por eso es necesario obligar a los políticos a que respondan y sean transparentes con el país. Si el Congreso no es capaz de hacerlo, el pueblo con esta consulta le dará un mandato directo al presidente”, indicó.

Estas son las siete medidas que haremos obligatorias con la Consulta Popular Anticorrupción:

1. Establecer un límite de máximo tres periodos para los

electos en corporaciones de elección popular.
2. Establecer como requisito para posesionarse y ejercer el cargo, publicar anualmente las declaraciones de bienes, patrimonio, renta,
impuestos y conflictos de interés a todos los elegidos por voto popular.
3. Obligar a los Congresistas de rendir cuentas sobre su gestión política y legislativa de manera periódica y detallada.

4. Obligar que el presupuesto de inversión de Alcaldías, Gobernaciones y Nacional, se desglose y priorice en Audiencias Públicas con la
ciudadanía, quien además vigilará su ejecución y contratación. ¡No más mermelada!

5. Terminar los contratos entre el Estado y aquellas personas condenadas por delitos contra la administración pública sin ningún tipo de indemnización.

6. Aquellas personas condenadas por corrupción, deberán pagar la pena en la cárcel sin reclusión especial.
7. Fijar un tope de 25 Salarios Mínimos Legales Vigentes
como máxima asignación mensual de los Congresistas y altos funcionarios del Estado.

Colombia ocupa el puesto 83 entre 167 países en el índice de percepción de la corrupción pública de Transparencia Internacional, y según datos de la Contraloría, sólo para 2013 se perdieron $14 billones de pesos por la corrupción.

Sobre el tema de contratación pública y mermelada, las cifras tampoco son halagadoras, el Informe de Competitividad 2016, analizando una muestra de licitaciones públicas adjudicadas en 2014 en Colombia, encontró que más del 58% de las licitaciones públicas en el país y el 65,1% de las licitaciones a nivel territorial, tuvieron un solo proponente.

“Es momento de llevar la indignación a la acción y por eso radicamos esta solicitud ante la Registraduría para que los colombianos se puedan expresar con sus firmas y sus votos. Es necesario hacerle frente a la corrupción de las clases políticas tradicionales y obligarlos a ser transparentes” señaló el senador Antonio Navarro.

Durante los próximos seis meses, se deberán recolectar al menos 5 millones de firmas para que la propuesta llegue al Senado donde se pronunciará sobre su conveniencia, en caso de no hacerlo, el Presidente deberá expedirlo por decreto y de esta manera convocar a la consulta ciudadana en las urnas, donde al menos se deberán obtener 11 millones de votos.