–Reformar la rebaja de penas por allanamiento a cargos y eliminar el beneficio de casa por cárcel para los corruptos, anunció el presidente Juan Manuel Santos al firmar el decreto que “frena en seco los abusos en la contratación directa con las entidades sin ánimo de lucro y sancionar la ley que establece el código de ética para los congresistas en Colombia.

“Después de ganar la guerra por la paz, tenemos ahora que ganar la guerra contra la corrupción”, proclamó el primer mandatario colombiano, quien además instaló la Comisión Nacional Ciudadana de Lucha contra la Corrupción, con sus nuevos miembros, y presidió la reunión de la Comisión Nacional de Moralización, en la Casa de Nariño.

“Por eso hemos declarado este año la lucha contra la corrupción como la prioridad número uno de todo el Estado y de la sociedad, y por eso la importancia de estas reuniones”, sostuvo.

Durante estas reuniones se revisaron los avances del año pasado en materia de lucha contra la corrupción y se definió una hoja de ruta para el año 2017.

Al término de estos eventos, el presidente Santos participó en la firma de la ‘Declaración por un Estado Abierto’, que fue concertada con los miembros de la sociedad civil de la Alianza para el Gobierno Abierto.

Esta Declaración fue suscrita por el Jefe de Estado, los Presidentes del Senado y la Cámara, el nuevo Procurador General, el Contralor General, el Defensor del Pueblo, el Fiscal General, representantes del Consejo de Estado y la Corte Suprema, el Ministro del Interior y otros altos funcionarios del Gobierno Nacional relacionados con la lucha contra la corrupción.

De acuerdo con el Mandatario, este Declaración busca que “todas las ramas del poder público, no solo el Gobierno, compartan y hagan cumplir unos estándares mínimos en transparencia, acceso a la información y datos abiertos”.

“Se trata de tener una rama judicial abierta, un Congreso abierto, unos órganos de control abiertos, unas entidades territoriales abiertas, y no solo un Ejecutivo abierto”, recalcó.

El Jefe de Estado agregó que el compromiso es abrir el Estado de manera plena para que los ciudadanos lo puedan controlar.

Consideró, además, que esta iniciativa es especialmente importante en la fase de implementación del Acuerdo de Paz.

“Los recursos que invertimos para el desarrollo del país, en especial los que vamos a invertir para el desarrollo del Acuerdo, muchos de los cuales vienen del exterior, deben estar y van a estar a la vista de todo el mundo”, sostuvo.

Adicionalmente, el Presidente Santos firmó el Decreto 092 del 23 de enero de 2017, que modifica el Decreto 777, el cual a su vez contiene el régimen de contratación con las entidades sin ánimo de lucro.

El Jefe de Estado consideró que ese régimen especial, que estaba fuera de control, “era una herramienta predilecta de los corruptos para esquilmar al Estado”.

“Fundaciones creadas o manipuladas por personas corruptas eran y son usadas para contratar y robar los recursos públicos”, dijo y agregó que “también se usaban para financiar supuestas actividades de beneficencia, cuando en realidad era para otros fines”.

Explicó que con esta reforma, “frenamos en seco los abusos en la contratación directa con estas entidades sin ánimo de lucro, que han causado la pérdida y desviación de billones de pesos anuales que debían ir a la población, sobre todo a la más vulnerable”.

Añadió que también sirve para identificar y rastrear los recursos que se ejecutan a través de subcontratistas, “que muchas veces son los verdaderos dueños de los negocios, y usan estas fundaciones fantasmas para contratar”.

Proyecto sobre registro de beneficiarios reales de las empresas

Así mismo, el Presidente de la República anunció la presentación de dos proyectos de ley anticorrupción.

El primero es el Registro de Beneficiarios Reales, compromiso asumido por Colombia en la Cumbre Mundial Anticorrupción de Londres en mayo de 2016.

“El beneficiario real de una empresa es el que controla un porcentaje de las acciones o derechos de voto, así lo haga a través de otra empresa o instrumento financiero”, expuso.

Indicó que lo que busca este proyecto es obligar a toda empresa que opere en Colombia a dar información sobre las personas que realmente tienen un control significativo de la empresa, es decir, sus beneficiarios reales.

“Así podemos prevenir que se usen empresas o determinados instrumentos legales y financieros para fines de corrupción”, dijo.

Proyecto para reformar rebaja de penas y casa por cárcel para corruptos

De otro lado, informó que el segundo proyecto de ley que se estudió, que se va a presentar al Congreso, busca reformar la rebaja de penas por allanamiento a cargos, y eliminar el beneficio de casa por cárcel para los corruptos.

“Queremos evitar los abusos a los que se está prestando esa figura”, indicó.

Consideró que esta figura no le está dejando a la sociedad ningún beneficio. “No está descongestionando el sistema de administración de justicia y no está sirviendo para disuadir a los corruptos”, dijo.

“Todo lo contrario. Está generando un incentivo perverso. Por eso hay que acabar con esos excesos”, subrayó.

Además citó que, según el Observatorio Anticorrupción de la Presidencia, el 50 por ciento de los condenados por delitos de corrupción no pagan un solo día de cárcel, y el 25 por ciento reciben el beneficio de casa por cárcel.

En tanto que el 25 por ciento restante que va a la cárcel solo permanece recluido, en promedio, unos 22 meses.

“Así queda difícil combatir con eficacia la corrupción”, sostuvo y agregó que “por eso es necesario este proyecto de ley”.

Adicionalmente, el Presidente sancionó la Ley 1828 del 23 de enero de 2017, aprobada por el Congreso en diciembre pasado, que establece el Código de Ética del Congreso.

“Esta era una deuda histórica del Congreso con el país desde hace 25 años”, dijo el Jefe de Estado al agradecer a los autores y ponentes de dicha iniciativa.

“Por fin los congresistas tendrán reglas de juego claras de comportamiento y procedimientos disciplinarios internos”, dijo.

De otra parte, el Jefe de Estado indicó que la Dirección de la Dijín presentó el Plan de Fortalecimiento del Grupo Anticorrupción, el cual contará con 100 nuevos hombres y una infraestructura de fortalecida.

Señaló que el Ministro de Salud y el Superintendente de Salud presentaron los avances y desafíos en materia de lucha contra la corrupción relacionada con Saludcoop, Cafesalud, Caprecom y otras entidades del sector.

De otra parte –recalcó–, el Fiscal General presentó sus avances en desarrollo de la estrategia de Bolsillos de Cristal, y el Procurador presentó su visión y plan de acción en materia anticorrupción.

Al efecto se refirió a los multimillonarios desfalcos registrados a través de las devoluciones de IVA

“Es bueno constatar que siguen cayendo y pagando los corruptos”, dijo el Mandatario al resaltar que el viernes pasado un juez penal condenó a 9 exfuncionarios de la DIAN que cometieron desfalcos en las devoluciones del IVA.

Aseveró que “van a pagar entre 7 y 13 años de cárcel. Este caso lo destapó este gobierno en 2011 y le hemos hecho seguimiento desde la Secretaría de Transparencia”.

Informó que en 2015 los funcionarios investigados estaban quedando libres por vencimiento de términos. “Hoy, por fortuna, llegó la hora de la justicia”, dijo.

“Lo que queremos decirle al país, esta Comisión, es que no vamos a bajar la guardia. El Estado, como un todo, va a tener la lucha contra la corrupción como su prioridad. Seguiremos trabajando, apoyando y generando iniciativas para que los que roben al Estado, los que roben a los colombianos, sepan que su deshonestidad no quedará impune”, concluyó el presidente Santos.