De acuerdo con la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Cristina Plazas, el programa de las madres comunitarias está en riesgo de acabarse si esa entidad tuviera que vincular de manera directa a las más de 60 mil mujeres que hacen parte del programa.

Plazas explicó que para que estas mujeres se conviertan en servidoras públicas, el Estado tendría que hacer una inversión de más de un billón de pesos, lo que según ella desborda las capacidades del ICBF.
“Desde el 2014 las madres comunitarias fueron formalizadas y eso quiere decir que ellas trabajan a través de un contrato con salud, pensión, prima, vacaciones, cesantías y demás derechos”, aseguró Plazas.

Según con Plazas, muchas de las madres comunitarias del país podrían perder sus empleos al formar parte del Estado, ya que su ingreso se daría por medio de concurso de méritos y eso afectaría el funcionamiento actual del programa.

El presidente Juan Manuel Santos se opuso a la sanción de la ley, porque es absolutamente imposible habilitar casi un billón de pesos adicionales que costaría la sola nómina de las madres, por un año, a cargo de la nación.

“El proyecto de ley lo que busca es que las madres comunitarias sean contratadas directamente por el ICBF. Esto quiere decir que se abran 64.000 nuevos puestos en la planta del Instituto. Esto costaría más de 800.000 millones de pesos al año y eso sería totalmente inviable”, aseguró Plazas.

Para Plazas, detrás de la ley “hay intereses electorales y politiqueros que tratan de imponerse sobre los derechos de los niños, y eso no lo vamos a permitir”.

Por último, Cristina Plazas afirmó la labor de todas las madres comunitarias del país y dijo que esa entidad a través de las vigencia futuras tiene garantizados los contratos de las mujeres del programa.

“No vamos a formalizar a las madres porque ya están formalizadas y tienen un contrato hasta el 2018… con el ICBF ya se les ha asegurado vigencias futuras para pagar los contratos y que no se queden sin su salario”, puntualizó Plazas.