–Abrir el debate frente a la responsabilidad penal de las empresas privadas comprometidas con la corrupción de funcionarios públicos, pidió este miércoles el Procurador General de la Nación Fernando Carrillo.

El pronunciamiento lo hizo el jefe del ministerio público en un comunicado en el cual reseña los avances de los procesos disciplinarios por los escándalos de Odebrecht y Estraval.

Sobre el caso de la multinacional brasilera, el procurador formuló un llamado a las autoridades judiciales para revisar la relación contractual de Odebrecht.

“Es inadmisible que Odebrecht todavía haga parte de la sociedad que ejecuta el proyecto. Es necesaria una medida de nulidad de ese contrato”, precisó.

El siguiente es el comunicado del Procurador Carrillo:

Avances en casos Odebrecht y Estraval y vigilancia especial a La Guajira por crisis en atención a niños y niñas

La Procuraduría General de la Nación informa a la opinión pública sus últimas actuaciones frente al caso Odebrecht:

1. La Entidad continúa en la práctica de pruebas para establecer la verdad de lo sucedido con este lamentable caso de corrupción y sancionar a los responsables.

2. Se realizó una inspección a las oficinas de Odebrecht para identificar documentación relevante para el proceso, como los estados financieros de 2014 y 2015.

3. Se anexaron al expediente los reportes de la Superintendencia de Sociedades, en donde ese ente de control establecía que para el 2014 Odebrecht se encontraba, por su insolvencia económica, en una causal de disolución, y las actas de la junta directiva del Banco Agrario en donde se discutió el préstamo a Navelena.

4. Hoy se escuchará a Luis Enrique Dussan, presidente del Banco Agrario, para determinar los motivos del préstamo a Navelena.

5. La mencionada información, junto con otras pruebas que se practicarán esta semana, permitirán proceder con la acción disciplinaria.

6. Se escuchó al asesor jurídico de Odebrecht, Yesid Arocha, para determinar en qué consistió el contrato de lobby firmado con el exsenador Otto Bula, para lograr las firmas de los otrosíes al contrato de concesión 001 de 2010, de la Ruta del Sol II, y si se entregaron dineros a servidores públicos por esta gestión. Se continuará esta semana con la acción disciplinaria.

7. La Procuraduría evalúa la posibilidad de vincular a particulares a las investigaciones disciplinarias. Para esta Entidad el dinero de los anticipos es recurso público y, por tanto, su administración por particulares, permite que se discipline a los contratistas.

8. Según la gravedad de la falta, la sanción para este tipo de actuaciones podría llevar hasta la inhabilidad de los responsables para ejercer empleo público, función pública, prestar servicios a cargo del Estado, o contratar con este de uno a veinte años. Cuando la conducta disciplinable implique detrimento del patrimonio público, la sanción patrimonial será igual al doble del detrimento patrimonial sufrido por el Estado.

9. La Procuraduría llama la atención sobre la necesidad de abrir el debate frente a la responsabilidad penal de las empresas privadas comprometidas con la corrupción de funcionarios públicos.

Cuando la conducta disciplinable implique detrimento de patrimonio público, la sanción patrimonial será igual al doble del detrimento patrimonial sufrido por el Estado.

Esa responsabilidad penal de las personas jurídicas se conoce como el levantamiento del velo jurídico y se determina no solo la responsabilidad individual de los funcionarios o de quienes están vinculados a la empresa como un todo.

Había una estructura corporativa y societaria dedicada a la comisión del crimen, por supuesto tiene que haber una responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Es una discusión que necesita el país y una herramienta en la lucha contra la corrupción. Un debate que debería llevar a la presentación de un proyecto de ley en el Congreso de la República que establezca la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

10. Se hace un llamado a las autoridades judiciales para revisar la relación contractual de Odebrecht. Es inadmisible que Odebrecht todavía haga parte de la sociedad que ejecuta el proyecto. Es necesaria una medida de nulidad de ese contrato.

Los correctivos a nivel contractual de corto o de largo plazo, como una nueva licitación, deben ser eficientes, oportunos, transparentes y que eviten beneficios económicos indebidos.

La clave es buscar el equilibrio entre dos objetivos: por una parte anular el contrato y sacar del juego a la empresa Odebrecht para que no se siga lucrando de los recursos o de una relación contractual y por otro lado, en aras del interés público, la defensa de los derechos de los colombianos y la prestación de un servicio público, es necesaria la continuidad y la sostenibilidad del proyecto. Se está esperando una decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

11. Se requiere que el proyecto de la Ruta del Sol sea de interés para otros inversionistas para que no haya desfinanciación y que la obra se concluya.

Desde la jurisdicción contenciosa se debe ser rigurosos y contundentes en la viabilidad financiera del proyecto y en la salvaguardia de los recursos públicos.

12. En el caso del Tribunal de Arbitramento, en donde se están exigiendo 263 millones de dólares, se deben tomar decisiones prontas.

Se hizo un llamado respetuoso pero contundente a dicho tribunal para que declare la nulidad, absolutamente viciada. Eso está más que probado en el expediente. Ya lo han confesado quienes intervinieron en el contrato: el exviceministro Gabriel García, el Inco que él representaba y los accionistas de Odebrecht, han confesado la ilicitud de sus actos.

El Ministerio Público solicitó al Tribunal de Arbitramento proceder como corresponde en este caso.

Debe declararse que esas reclamaciones formuladas, 263 millones de dólares a favor de la firma concesionaria, son absolutamente inviables porque se está hablando de un contrato con causa ilícita.

En la justicia arbitral ya se ha dicho, no se puede anidar ese tipo de pretensiones y hay que rechazarlas. Se ha insistido en que la seguridad jurídica no puede ser cómplice de la defraudación ni mucho menos de la impunidad.

Este país requiere seguridad jurídica, pero para quienes están actuando en el marco de la Constitución y la ley. Cuando se transita por lo penal, la seguridad jurídica no debe ser el primer objetivo. Debe ser el cumplimiento de la ley, por supuesto las sanciones de carácter penal y disciplinario a quien viola la Constitución de este país.

Esa negativa económica a la empresa es un clamor del Estado de Derecho con una decisión de nulidad contundente en sus efectos. Que sea definitiva. Que de una vez por todas se le cierre el paso a reclamaciones futuras.

13. Se hace un llamado a todas las autoridades, sobre todo a las judiciales, y en eso está la Procuraduría para examinar todas las relaciones contractuales de Odebrecht en Colombia, no únicamente el contrato de la Ruta del Sol.

14. Se están examinando con lupa las relaciones contractuales de dicha empresa y de allí se analizan correctivos como nulidades, anulaciones arbitrales, acciones populares, impulsar sanciones disciplinarias y nuevas medidas penales.

El Ministerio Público está tratando de garantizar la continuidad de las obras. Lo que es inadmisible es que esta empresa continúe de socio de esas obras de manera tan rampante y tan descarada.

• Vigilancia especial al departamento de La Guajira por crisis en la atención de los niños y niñas:

1. Se ordenó el desplazamiento de la Procuradora Delegada para la Infancia, la Adolescencia y la Familia, Sonia Tellez Beltrán, y de la jefe de la Oficina Jurídica, Catalina Balcázar, al departamento de La Guajira para que en el término de tres días, presenten a este Despacho un informe detallado con las recomendaciones de acción integral que permitan identificar el estado y avance de las investigaciones disciplinarias por los hechos relacionados con la desatención y la muerte de niños en ese departamento.

Igualmente, que informen si se adelantaron acciones preventivas y la participación activa en los procesos judiciales que se adelantan en las diferentes jurisdicciones por estos hechos para ser vocero de las comunidades y en particular de las familias afectadas y puestas en riesgo.

2. La comisión evaluará y recomendará las acciones preventivas administrativas que procedan respecto de la actuación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en esa región del país.

• Indagación preliminar en caso Estraval:

La Procuraduría General de la Nación ha revisado las acciones adelantadas hasta la fecha en materia de vigilancia a las operaciones con libranzas y se encuentra trabajando en tres ejes:

1. Con base en los antecedentes, tanto internos como de otras autoridades, se ordenó la apertura de indagación preliminar para identificar los responsables que por acción u omisión, en particular, por la ausencia de controles, pudieron facilitar la realización de conductas indebidas o ilegales en el caso de las operaciones con libranza.

Lo anterior, ameritará constatar el debido cumplimiento de las funciones administrativas de inspección, vigilancia y control en especial de la Superintendencia de Economía Solidaria, y se escuchará en versión a la exsuperintendente Mariana Gutierrez Dueñas y demás funcionarios y exfuncionarios relacionados con el caso.

2. Se escuchará al superintendente de sociedades, Francisco Reyes, para analizar las medidas adoptadas por dicha entidad, en una indagación de carácter preliminar que por supuesto puede llevar o no al ejercicio de una acción disciplinaria.

3. Se dio instrucciones para que la Procuraduría actué eficazmente en los procesos judiciales en curso, en defensa de terceros de buena fe en esta operación de captación masiva y habitual de dinero, tales como los asociados de cooperativas, los empleados, muchos de ellos funcionarios públicos o pensionados, los deudores de pagarés-libranza, a quienes se les cobran cuantías superiores a las efectivamente desembolsadas.

4. Hay que encontrar una solución desde el punto de vista legal para que esto no vuelva a presentarse. Si los controles fueron laxos se procederá con las autoridades de control. Debe presentarse una solución de fondo a los vacíos institucionales y legales que permitieron que estas operaciones de libranza terminaran en delitos de captación masiva e ilegal de dinero.