El Gobierno Nacional, por medio de la Alta Consejería para el Posconflicto, los Derechos Humanos y la Seguridad, y la Gobernación de Antioquia pondrán en marcha una estrategia para promover la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos en ese departamento.

En Antioquia, la Alta Consejería para el Posconflicto ya viene trabajando en la sustitución voluntaria que cobija a 2.600 familias de los municipios de Briceño, Cáceres, Puerto Valdivia e Ituango.

La estrategia en ese departamento persigue que las tierras de grandes narcotraficantes que están afectadas por la extinción del derecho de dominio, sean entregadas a campesinos de bajos ingresos para que inicien de la mano del Gobierno Nacional, departamental y de los municipales, proyectos para cumplir con dos grandes propósitos:

Que las familias campesinas de la región mejoren su calidad de vida por medio del emprendimiento de nuevos proyectos agrícolas, haciendo uso de tierras con un alto potencial de productividad; y que sustituyan cultivos que son ilícitos por vía voluntaria.

La iniciativa busca que dos mil hectáreas por cada municipio sean entregadas a familias campesinas, que recibirán un ingreso fijo e inclusión en la seguridad social.

El plan de sustitución voluntaria de cultivos en el nivel nacional, presentado el 27 de enero por el Gobierno y las Frac, contempla que las familias que formalicen su compromiso con la sustitución voluntaria, la no resiembra, el no estar involucrado en labores asociadas a los cultivos ilícitos, se beneficiarán de la siguiente manera:

Durante el primer año, un millón de pesos mensuales de remuneración por actividades de sustitución de cultivos, preparación de tierras para siembras legales o trabajo en obras públicas de interés comunitario, hasta por 12 meses para campesinos con cultivos o sin cultivos de uso ilícito.

Un millón 800 mil pesos para la implementación de proyectos de autosostenimiento y seguridad alimentaria por una sola vez, tales como cultivos de pancoger y cría de especies menores.

Nueve millones de pesos por una sola vez, para adecuación y ejecución de proyectos de ciclo corto e ingreso rápido como piscicultura, avicultura, entre otros.

A partir del segundo año, para asegurar a las familias mejores ingresos y condiciones de vida dignas, el Gobierno Nacional invertirá por familia, hasta diez millones de pesos en proyectos productivos y sufragar mano de obra. Adicional se creará una línea de crédito especial.

Adicionalmente, se contará con asistencia técnica durante todo el proceso, con un costo aproximado de tres millones 200.000 mil pesos por familia. Se estima que más de 660 técnicos y profesionales agropecuarios se movilizarán para acompañar a las comunidades.

La inversión en sustitución voluntaria produce resultados sostenibles, genera oportunidades territoriales e incide en la calidad de vida. Sin renunciar a la erradicación forzosa, el Gobierno Nacional aspira a que esta alternativa, por su costo-eficiencia, sea el instrumento predominante de reducción de cultivos de uso ilícito.

De esta manera, el PNIS, en cabeza del Gobierno Nacional, con el firme compromiso de las FARC-EP y con la participación directa y activa de las comunidades de los territorios afectados por cultivos de uso ilícito, dan el primer paso para la transformación estructural del campo, condición necesaria para la construcción de una Paz Estable y Duradera.