El gobierno del presidente Donald Trump sopesó una propuesta de movilizar hasta 100.000 efectivos de la Guardia Nacional para que participen en redadas de inmigrantes no autorizados, entre ellos millones que viven en lugares muy alejados de la frontera con México, según un borrador de memorando obtenido por The Associated Press.

Miembros del personal del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) dijeron que fueron informados por colegas de dos departamentos de la dependencia, que la propuesta fue tomada en consideración incluso el pasado 10 de febrero. Uno de los funcionarios del DHS dijo que el documento era un borrador preliminar que no se estudió seriamente y que ni siquiera fue elevado al secretario John Kelly para su aprobación

El documento de 11 páginas llama a una militarización sin precedentes en la aplicación de las leyes de inmigración en sitios tan al norte del país como Portland, Oregon, y tan al este como Nueva Orleans, Luisiana. El documento puede verse en la dirección: http://apne.ws/2l1Dj0k

El proyecto incluye cuatro estados fronterizos con México — California, Arizona, Nuevo México y Texas— y otros siete contiguos a esos cuatro: Oregon, Nevada, Utah, Colorado, Oklahoma, Arkansas y Luisiana.

El vocero de la Casa Blanca, Sean Spicer, dijo el viernes que el documento “no es de la Casa Blanca”.

“No se están realizando gestiones para hacer lo que se insinúa”, aseguró. El informe de la AP es “100 por ciento falso” y que “no se realizan gestiones para usar la Guardia Nacional para atrapar inmigrantes no autorizados”.

La AP había pedido declaraciones a la Casa Blanca el jueves y al DHS el viernes sin recibir respuesta.

Los gobernadores de los 11 estados tendrían poder de decisión sobre la participación de sus efectivos, de acuerdo con el memo, el cual lleva el nombre del secretario Kelly, un general retirado de los Marines.

Se han utilizado efectivos de la Guardia Nacional en misiones relacionadas con la inmigración en la frontera con México, pero nunca de manera tan amplia ni tan al norte del país.

El memo está dirigido a los entonces directores interinos de dos agencias: el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus iniciales en inglés).

Se supone que el memorándum serviría de guía para la aplicación del decreto sobre inmigración y seguridad fronteriza que Trump firmó el 25 de enero. Memos como éste son el complemento habitual de las órdenes ejecutivas.

El proyecto, fechado el 25 de enero, dice que la tropa participante estaría autorizada a “realizar las funciones de un agente de inmigración en relación con la investigación, aprehensión y detención de extranjeros en Estados Unidos”.

Dice que los efectivos serían activados de acuerdo con un programa de colaboración entre los estados y el gobierno federal, y dice que el personal estaría autorizado a realizar cateos e identificar y arrestar a inmigrantes no autorizados.

En caso de aplicarse, la medida tendría consecuencias significativas. Casi la mitad de las 11,1 millones de personas que residen en Estados Unidos sin autorización viven en 11 estados, de acuerdo con cálculos del Centro de Investigaciones Pew, con base en el censo de 2014.

El uso de la Guardia Nacional incrementaría de manera significativa el número de inmigrantes afectados por un decreto presidencial firmado por Trump el mes pasado, en el que se expande la definición de lo que puede ser considerado como criminal, y por lo tanto convertirse en un objetivo potencial para su deportación. La medida también permite que los agentes migratorios den prioridad de deportación a cualquiera que haya “cometido actos que constituyan una ofensa penal de la que puedan ser acusada”.

Bajo las reglas actuales, incluso si se implementara la propuesta, no habría deportaciones masivas inmediatas. Aquellos que tengan órdenes de deportación preexistentes podrían ser enviados de regreso a su país de origen sin procedimientos adicionales de la corte. Pero en general se requerirían de órdenes de deportación para la mayoría de los inmigrantes no autorizados.

Las tropas no serían nacionalizadas, sino que permanecerían bajo control estatal.

Portavoces de los gobernadores de 10 estados rechazaron comentar o indicaron que era prematuro indicar si participarían en el programa.

El gobernador de Arkansas, Asa Hutchinson, dijo que su estado no ha tenido ningún contacto sobre la propuesta, y añadió: “Me preocuparía el uso de los recursos de la Guardia Nacional para aplicar las leyes migratorias. Creo que sería demasiada carga para nuestro personal de la Guardia Nacional”.AP