“San Andrés es un departamento de total trascendencia para nuestra soberanía y para la capacidad de respuesta frente a las dificultades que se han presentado y han despertado tanto el interés de los colombianos tras el fallo de La Haya (…) El compromiso de los organismos de control es recuperar la confianza en la ciudadanía y para ello se necesitan resultados, así de simple”, aseguró el Procurador Fernando Carrillo Flórez, quien realizó una visita institucional para escuchar a la ciudadanía y dar inicio a acciones concretas frente a problemáticas y denuncias concretas.

Creación de una comisión interinstitucional de lucha contra la corrupción en el departamento (con secretaría técnica de la Procuraduría), promover la revisión de Colombia Compra Eficiente en los procesos contractuales públicos, trasladar al departamento a procuradores delegados y a sus equipos especializados de trabajo, fueron algunas de las instrucciones del Jefe del Ministerio Público.

“En materia de seguridad vamos a instar al gobernador y al alcalde a que cumplan con los planes de seguridad y convivencia, que es un mandato absoluto que tienen los elegidos popularmente en este país (…) Vamos a pedir al gobernador que convoque la comisión de estupefacientes y la convierta en una instancia permanente de diálogo”, agregó.

El Procurador Carrillo Flórez hizo un llamado para que el Estado colombiano atienda debidamente lo estipulado en el estatuto raizal y anunció que la Procuraduría revisará los compromisos existentes entre Gobierno y este sector poblacional.

“El ejercicio de la soberanía tiene que ver con la capacidad de respuesta del Gobierno Nacional a los problemas de estas islas. Ese va a ser nuestro principio inspirador como Procuraduría”.

La visita institucional del Procurador General de la Nación al archipiélago de San Andrés dio inicio a la estrategia ‘Procuraduría Ciudadana’, que tiene como objeto llevar al Ministerio Público a todos los territorios del país a través de audiencias públicas que permitan conocer de forma directa las problemáticas e inquietudes ciudadanas.

A través de acciones concretas de seguimiento y gestión, la Entidad ejercerá sus competencias constitucionales en defensa de los intereses colectivos, garantizando los derechos fundamentales de las poblaciones y siempre en pie de lucha contra el flagelo de la corrupción.