Néstor Humberto Martínez, Fiscal General de la Nación, dio apertura este martes al primero de los cinco foros nacionales organizados por la entidad, que buscan difundir el contenido y el alcance de la nueva Ley de procedimiento penal abreviado y acusador privado (Ley 1826 de 2017).

Martínez señaló que: “Le damos una cálida bienvenida a la Ley 1826 del 2017 por medio de la cual se regula el procedimiento abreviado y empezamos a desarrollar la figura constitucional del acusador privado que no solamente va a permitirnos aliviar el sistema judicial otorgando herramientas que permitan realizar un juzgamiento más eficiente de las conductas que requieren menor complejidad investigativa y que por su naturaleza son menos lesivas frente al orden social sino que se constituye en la cuota inicial del desarrollo para una política criminal mucho más racional y estratégica que atienda las necesidades del ciudadano de a pie y que se compadezca de los escasos recursos que tiene hoy el sistema”.

El representante del ente acusador también explicó cómo a través de la aplicación de dicha ley se representa a todos los ciudadanos.

“Es una ley que tiene como objetivo preservar la seguridad ciudadana que en el momento del posconflicto termina siendo un activo muy importante para luchar contra formas de criminalidad que afecten al ciudadano del común”, afirmó Martínez Neira.

Al tiempo recordó que lo distinto de esta ley es que “se orienta a combatir los delitos que atentan contra el patrimonio de los ciudadanos, las lesiones personales en todas sus modalidades dolosas e inclusive culposas y la inasistencia alimentaria, las que en suma constituyen cerca del 50 por ciento de los ingresos anuales de las noticias criminales que recibe la Fiscalía”.

En el evento académico, que también contó con la participación de Marcela Abadía Cubillos, directora de Política Criminal y Penitenciaria del Ministerio de Justicia y del Derecho, y Hernán Penagos Giraldo, representante a la Cámara y ponente del proyecto de la ley Negociaciones y aceptación de cargos en el procedimiento abreviado; también se abordaron otros temas como los antecedentes y desarrollo de la Ley 1826 de 2017, así como sus retos en la aplicación e implementación de la misma, el papel de las víctimas y las ventajas que traerá para el procedimiento penal.

Igualmente, participaron Eugenio Fernández Carlier, presidente Sala de Casación Penal Corte Suprema de Justicia; Juan Luis Gómez Colomer, profesor de la Universidad Jaume I de Castellón (España); Max Alejandro Flórez, vicepresidente del Consejo Superior de la Judicatura, y representantes del equipo directivo de la Fiscalía General de la Nación.

Estos encuentros de capacitación compartida llegarán a las ciudades de Barranquilla (Atlántico), Medellín (Antioquia), Bucaramanga (Santander) y Cali (Valle del Cauca), en las semanas posteriores.