Caso Odebrecht involucra ahora al expresidente peruano Ollanta Humala con aporte de US$3 millones a su campaña en 2006
–El tsunami Odebrecht sigue su arrollador paso sobre la clase política latinoamericana. Ahora, es el expresidente peruano Ollanta Humala el que es acusado de haber recibido de la constructora brasileña 3 millones de dólares para la campaña del 2006.
Jorge Barata, ex representante legal de la firma en este país, declaró a los jueces peruanos que el pago lo realizó directamente a la ex primera dama Nadine Heredia y bajo una orden directa del presidente de la empresa Marcelo Odebrecht, quien actuó a solicitud del Partido de los Trabajadores de Brasil, en ese momento liderado por Luiz Inacio Lula Da Silva, entonces presidente de su país.
Sin embargo, inmediatamente el expresidente Humala a través de su abogado Alberto Otálora, refutó la acusación.
“No existe ningún dinero que haya ingresado a bolsillos de Nadine Heredia y Ollanta Humala. Estamos en manos de un aspirante a colaborador eficaz (Jorge Barata) y debe probarse lo que dice”, señaló Otárola.
El abogado de Humala, presidente en el periodo 2011-2016, retó a Barata a presentar pruebas fehacientes de la supuesta entrega de dinero a Nadine Heredia.
Asimismo exigió un “debido proceso” durante las futuras investigaciones y agregó que no es ilegal el aporte a campañas presidenciales.
Mientras tanto, Odebrecht Perú emitió un escueto comunicado tras las declaraciones del ex representante legal de la firma en este país, Jorge Barata, en la cual afirmó que aportó 3 millones de dólares para la campaña de Ollanta Humala en el 2006.
En el escrito señala que “Odebrecht Perú reitera su compromiso y cooperación con las investigaciones en curso”.
Asimismo, califica los hechos mencionados por Jorge Barata como “actos inapropiados” y agrega que continuará implementando medidas para que no vuelvan a repetirse.
«La empresa seguirá con la implementación de reformas integrales en el ámbito de su Sistema de Conformidad, para prevenir, identificar y remediar cualquier acto inapropiado para una relación ética y correcta entre el sector público y privado», agrega el documento.