–La violencia armada, la desaparición, la violencia sexual, los artefactos explosivos y la crisis carcelaria son problemáticas que demandan urgente solución, afirma el Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, en un informe que entregó este jueves sobre Colombia, en el cual advierte que aunque la situación en el país mejoró considerablemente tras los acuerdos con las Farc, persisten las violaciones al derecho internacional humanitario.

En su reporte, el CICR señala que a pesar del optimismo generado por el Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc, observó con preocupación la configuración de actores armados en terreno y llamó la atención sobre la continuación de conflicto con otros actores armados: el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y el Ejército Popular de Liberación (EPL).

Colombia cerró enero de 2016 con 7,9 millones de víctimas del conflicto armado registradas por el Estado. Responder a las necesidades de la población que ha sufrido los estragos de este largo conflicto, mientras persisten otras formas de violencia, será una tarea descomunal para el país, resalta el informe.

Los siguientes son apartes fundamentales del informe del CICR:

“Yo veo la paz muy lejos”, responde Johana cuando se le pregunta sobre su vida tras el Acuerdo de Paz suscrito entre el Gobierno y las FARC-EP. “Para nosotros no hubo calma ni cese del fuego. No supimos qué fue eso”, dice esta habitante de San Calixto, en la región del Catatumbo, Norte de Santander, donde están presentes varios actores armados. A sus espaldas se puede observar que la pared de su casa, en la plaza principal del pueblo, está llena de agujeros que han dejado impactos de bala y esquirlas de granada.

A pesar de la indudable mejoría de la situación humanitaria del país, el sentimiento de esta madre de familia se repitió durante 2016 en muchas otras regiones de Colombia, donde el CICR documentó 838 posibles infracciones del derecho internacional humanitario (DIH) y otros principios humanitarios que afectaron a más de 18.600 personas. La Institución vio con preocupación cómo el 40% de estos incidentes afectó a mujeres y menores de edad.

Infracciones DIH

En el Catatumbo, el hogar de Divanid también muestra las secuelas del fuego cruzado. Se ven tejas rotas y huellas de disparos en la pared. Normalmente, cuando hay un enfrentamiento, ella toma a sus hijos y sale del pueblo por un tiempo. “Pero cuando no podemos irnos, nos quedamos debajo de la cama… ni modo”, dice recordando el tiroteo de agosto de 2016 que dejó a todo el pueblo aterrorizado. “Tenemos miedo de salir de la casa. Uno escucha una puerta que se cierra duro y piensa que es un bombazo”, agrega Divanid.

Para quienes han pasado toda la vida en el Catatumbo, el optimismo que la paz genera en el resto de Colombia está limitado por los evidentes desafíos del día a día que enfrentan personas como Johana y Divanid. En esa, como en muchas otras regiones del país, la presencia de actores armados y sus efectos sobre la población civil mantienen a la comunidad en medio de una tensa calma que, cuando se rompe, le recuerda al país que el conflicto pudo haber terminado para unos, pero no para todos.

Por eso, la acción humanitaria del CICR no se ha detenido ni un segundo. El año pasado, 152.000 personas se beneficiaron del trabajo realizado tanto en las áreas más inaccesibles del país como en los complejos centros urbanos en los que también viven víctimas del conflicto y la violencia armada. No dar marcha atrás al deber de aliviar el sufrimiento del país es tan relevante hoy, como lo fue cuando llegamos a Colombia hace más de cuatro décadas.

Perspectivas y retos para 2017

El cese bilateral del fuego entre el Gobierno y las FARC-EP se reflejó en una importante reducción de las confrontaciones armadas. Algunas zonas del país que antes sufrían los efectos de constantes enfrentamientos hoy son testigos de una situación que ha mejorado significativamente.

Sin embargo, los avances en materia humanitaria requieren de más celeridad y acciones concretas para dar respuestas a las víctimas. Se necesita voluntad política constante para que los afectados por un conflicto tan prolongado reciban la respuesta y la atención que merecen.

Nuestra experiencia en el terreno nos indica que entre los desafíos más destacados para el país en los años venideros se cuentan los estragos de la violencia armada en zonas donde hay presencia de diferentes actores armados. Algunas áreas urbanas en las que trabajamos, como Medellín, El Bagre y Buenaventura, estuvieron entre las más golpeadas por este fenómeno.

Otra prioridad, vigente aún más allá de la firma del Acuerdo Final, es el esclarecimiento del paradero de miles de personas que han desaparecido, y que siguen desapareciendo hoy en día debido al conflicto y la violencia. Un agravante es que es imposible calcular la magnitud real del fenómeno. Mientras el Registro Nacional de Desaparecidos tiene documentadas a 24.900 víctimas de presunta desaparición forzada, un informe del Centro de Memoria Histórica asegura que son más de 60.600.

En toda guerra quedan deudas sin saldar. Pero las desapariciones, así hayan ocurrido hace décadas, no deben quedar en el olvido. Ese es un deber no solo de los responsables y de las autoridades, sino también de todo el país. Es una obligación de cada colombiano ser solidario con las familias que esperan noticias de sus seres queridos.

Entre las preocupaciones del CICR está también el silencio y el temor que rodean a las víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto y la violencia, lo que se traduce en un significativo subregistro en la información. Tal y como lo expresan las víctimas que compartieron sus historias con la Institución, las cicatrices emocionales y físicas que deja esta práctica prohibida por el DIH no desaparecen nunca. Durante 2016 hubo alarma por casos de violaciones colectivas y sus efectos sobre varias generaciones: en ocasiones, abuelas, madres e hijas comparten la trágica historia de una agresión.

Otra consecuencia que aún sufren miles de personas en Colombia es la presencia de artefactos explosivos improvisados y restos explosivos de guerra. Este tipo de contaminación es un peligro latente en zonas urbanas y rurales que durante décadas han sufrido los efectos de la guerra.

A pesar de que algunas regiones del país ya se han beneficiado de los programas de desminado, tomará décadas limpiar el territorio afectado. Además, no se cuenta con datos exactos de la dimensión y la ubicación de estas amenazas. A lo anterior se añade que las víctimas directas y sus familias necesitan apoyo y acompañamiento durante gran parte de sus vidas.

La realidad cotidiana en el terreno nos recuerda permanentemente que la presencia de estos artefactos es un reto vigente. El 26 de septiembre de 2016, el mismo día que el país era testigo de la ceremonia de la firma del Acuerdo entre el Gobierno y las FARC-EP en Cartagena, un menor de edad murió y otro quedó herido mientras caminaban por una zona contaminada por artefactos explosivos en una vereda de Algeciras, Huila. Ante el desasosiego generado en un país donde cada paso puede ser un riesgo, es importante fortalecer la prevención y la ayuda humanitaria en favor de personas que han tenido que restringir su movilidad y modificar sus hábitos debido al temor a estos artefactos.

Por último, una problemática humanitaria que debe ser abordada con urgencia por el Estado colombiano es la crisis del sistema carcelario. Durante 2016, las condiciones de detención de las personas privadas de libertad en Colombia no mejoraron sino que, en ocasiones, empeoraron, lo que deja en evidencia la falta de voluntad del Estado a la hora de hacer frente a sus obligaciones con los más de 119.500 detenidos que tiene el país.

Más allá del papel

“La paz no es solo dejar las armas. El Estado debe apoyar a la población civil. Aquí no tenemos vías ni acueducto, no hay trabajo, no hay empleo, eso genera violencia”, nos dijo un líder comunitario en Arauca que prefirió mantener su nombre en reserva. “¿Qué va a pasar con nosotros?”, preguntó. Esa duda la comparten muchas otras comunidades con las que trabajamos durante 2016.

El año 2017 marca también el inicio de la fase pública de las conversaciones entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), un acercamiento valioso en el que las preocupaciones humanitarias deberían ocupar el protagonismo de la agenda.

En las discusiones que Colombia debe afrontar como país, el CICR hace un llamado para poner el foco de atención sobre las víctimas y sobre los cambios urgentes que se necesitan en las zonas históricamente afectadas por el conflicto. La indiferencia colectiva hacia ellas puede convertir la paz en una promesa frágil.

Mientras la violencia armada siga siendo una realidad y las hostilidades sigan afectando a los civiles, continuaremos dialogando con todas las partes en conflicto para evitar posibles infracciones humanitarias como las que vimos en 2016. Apoyamos día a día a las personas más afectadas por esta violencia, como Johana, en el corazón del Catatumbo, que solo tuvo un deseo cuando le preguntamos sobre sus expectativas para el futuro: “Pido que se nos escuche, para que estas cosas no solo se queden plasmadas en papeles”.

El DIH sigue vigente en el posacuerdo

Si bien el derecho internacional humanitario (DIH) se aplica a las partes en un conflicto armado, estas normas pueden tener vigencia aún tras la firma de un Acuerdo de Paz. Además, el Estado colombiano sigue en conflicto con varios actores armados: Ejército de Liberación Nacional (ELN), Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y Ejército Popular de Liberación (EPL).

El conflicto con las FARC-EP entró en una fase de terminación con el Acuerdo Final, y culminará cuando no haya riesgo de reanudación de las hostilidades y se concrete el desarme de los combatientes. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las disidencias de las FARC-EP podrían ser una fuente de nuevos conflictos.

Por otro lado, las partes tienen obligaciones derivadas del DIH más allá del fin de las hostilidades, como el desminado del territorio, la búsqueda de las personas desaparecidas o el deber de investigar y sancionar a los responsables de crímenes de guerra. En este contexto, la ayuda humanitaria seguirá siendo importante para salvar vidas en comunidades que sufren las consecuencias de la violencia.

Por lo tanto, el CICR evita referirse a este momento histórico del país como “posconflicto” y prefiere la expresión “posacuerdo”. Considerar el conflicto como algo superado exigirá tiempo, recursos considerables y la voluntad política
de todas las partes.

Nuestro rol en el Acuerdo de Paz

Tras más de cuatro años de conversaciones entre el Gobierno y las FARC-EP, vimos con agrado que, en medio de la discusión política, fue posible incluir asuntos humanitarios.

Durante este tiempo, hemos participado de forma neutral e independiente en aspectos logísticos que apoyaron el desarrollo de los diálogos y la implementación de acciones concretas sobre el terreno, como la entrega de los menores de edad que estaban en las filas de las FARC-EP.

Además, tenemos un rol en el acuerdo humanitario para acelerar la búsqueda de los desaparecidos. Trabajamos con ambas partes para obtener información que permita la ubicación, identificación y entrega digna de estas personas. Continuaremos trabajando para agilizar y recibir más respuestas a las necesidades de las víctimas. Tras más de cinco décadas de confrontaciones, queda un largo camino por delante.

Caravanas humanitarias durante movilizaciones sociales

Durante las movilizaciones sociales que vivió el país a mediados de 2016, instituciones de salud de Cauca, Boyacá y Nariño sufrieron de desabastecimiento de insumos médicos básicos. En respuesta a la emergencia, el CICR y la Cruz Roja Colombiana trabajaron juntos para organizar caravanas humanitarias con oxígeno, medicamentos y unidades de sangre, entre otros artículos.

Una situación similar se vivió en los municipios caqueteños de Valparaíso, El Paujil y Doncello durante las manifestaciones del tercer trimestre del año pasado. En estos lugares, el CICR apoyó a los hospitales locales y brindó orientación y asistencia económica para que las personas que resultaron heridas pudieran acceder a los servicios de salud y rutas de atención.

Todas estas coyunturas sirvieron para recordar a las autoridades y a los líderes sociales los límites sobre el uso de la fuerza, además de la importancia de respetar a la Misión Médica y de proteger a los trabajadores de la salud que salvan vidas todos los días.

El informe hace también las siguientes precisiones:

La violencia armada marca las zonas más vulnerables del país

Violencia armada CICR Colombia

Los enfrentamientos entre fuerzas estatales y grupos armados, además del accionar de ‘combos’ y pandillas, también fueron causa de las posibles infracciones de los principios humanitarios. En entornos urbanos como Medellín, El Bagre y Buenaventura, la población afectada vive entre el estigma y el temor.

Bajo este panorama, al CICR también le preocupa que persiste la vinculación de menores de edad a grupos armados, la violencia sexual, los desplazamientos intraurbanos, las desapariciones y el confinamiento de los civiles debido a fronteras invisibles.

El miedo silencia a las víctimas de violencia sexual

Violencia sexual CICR Colombia

Cerca de 17.100 mujeres y niñas han sufrido delitos contra su libertad e integridad sexual en el marco del conflicto armado desde los años 80. Para el CICR, es preocupante la recurrencia de este fenómeno y las carencias en la atención a las víctimas.

Una muestra de 100 casos que el CICR atendió entre 2014 y 2016 indican tendencias preocupantes: el 20% de las mujeres presentó un embarazo no deseado y el 41% había sido víctima de violaciones colectivas cometidas por entre tres y ocho personas.

Esperar, el duelo diario para familias de desaparecidos

Missing CICR Colombia

Esclarecer la suerte de los desaparecidos es una necesidad urgente. La dimensión del problema es tal en Colombia, que hoy se desconoce el paradero de 85.900 personas. Averiguar lo sucedido con las personas desaparecidas y prevenir más casos no es un gesto de buena voluntad, es un deber.

Los obstáculos que encuentran los familiares son múltiples: desde la indiferencia, hasta la falta de respuesta integral a sus necesidades. Por eso, el CICR insiste en que los familiares de los desaparecidos también son víctimas y merecen la solidaridad de toda la sociedad.

Restos explosivos y minas, un reto para las próximas décadas

CPA Colombia CICR

La presencia de minas, artefactos explosivos (restos de guerra y otros de fabricación improvisada) cerca de los entornos poblados, además de la proliferación de armas y balas perdidas en zonas urbanas, son algunas de las amenazas que enfrenta la población civil en Colombia. En los últimos 26 años, 11.400 personas han sido registradas como víctimas directas de artefactos explosivos. El 39% son civiles.

La enorme extensión de terreno afectado por estas amenazas y la falta de certeza sobre su ubicación hacen del desminado uno de los principales desafíos para el futuro del país.

Urgen cambios drásticos en la política criminal colombiana

Detención CICR Colombia

Del año 2000 hasta enero de 2017 el hacinamiento en las cárceles de Colombia creció de un 35,7 por ciento a un 52,5 por ciento. Sin embargo, la crisis carcelaria en Colombia va mucho más allá de la sobrepoblación y de las pésimas condiciones que genera para los privados de libertad.

En Colombia, el Estado no cumple con sus obligaciones frente a las personas que castiga por violar la ley. El CICR considera urgente rediseñar la política criminal colombiana para que esta priorice la prevención y la reinserción en vez de la detención preventiva como única medida contra la inseguridad.