La multinacional española Gas Natural Fenosa demandará a principios de la próxima semana al Gobierno colombiano por la liquidación de su filial Electricaribe ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), que depende del Banco Mundial.

Fuentes de Gas Natural aseguraron hoy a Efe que la multinacional pedirá una indemnización de 1.000 millones de euros (1.071 millones de dólares), cifra que ya trascendió y que supone más del doble del valor contable de Electricaribe de 475 millones de euros (508 millones de dólares).

Con esta demanda ante el Ciadi, la multinacional española reacciona así a la liquidación de Electricaribe, que fuentes del sector consultadas por Efe consideran, en la práctica, una expropiación.

Por el contrario, la embajada de Colombia en España subrayó hoy que en el contencioso con Gas Natural Fenosa a cuenta de su filial Electricaribe no ha habido expropiación, sino liquidación de acuerdo con la ley, y que el diálogo con la multinacional sigue abierto.

Al conocerse la liquidación de Electricaribe, Gas Natural aseguró anteayer que la decisión del Gobierno colombiano es “contraria al proceso de diálogo” abierto en los últimos meses con Colombia y también “al espíritu de profundización de las relaciones comerciales entre la Unión Europea y Colombia”, a la vez que “impacta negativamente” en el clima requerido para que se produzcan flujos de inversión internacional hacia ese país.

“La orden de liquidación de la compañía es claramente un paso en la dirección opuesta a los principios que preconiza la OCDE”, aseguró la multinacional española.

Electricaribe proporciona electricidad a 2,5 millones de clientes de bajos recursos económicos y a la industria de la zona en los departamentos de La Guajira, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, Cesar y Magdalena, y estaba intervenida por el Gobierno colombiano desde el pasado 15 de noviembre.

El Gobierno colombiano y las autoridades locales del país justificaron la intervención de Electricaribe por los continuos fallos en el servicio y por la falta de inversiones de Gas Natural Fenosa, mientras que la empresa española se quejaba de la falta de seguridad jurídica de su filial, aquejada por una elevada morosidad y fraude en la zona donde opera, y sostenía que, en esas condiciones, no podía seguir invirtiendo. Con EFE