–El Acuerdo de Paz subraya el papel de la inteligencia en la lucha contra el delito. No obstante, el proceso de reforma militar, civil y policial establecido en la Ley de Inteligencia (2013) no ha avanzado al ritmo necesario para la construcción de paz y de una manera que asegure a la población que no se repetirán las violaciones de derechos humanos del pasado.

Las precisiones corresponden al extenso Informe Anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos entregado este jueves en Bogotá sobre la situación de derechos humanos en Colombia, entre el 1ro de enero al 31 de diciembre de 2016 y en el cual formula quince recomendaciones específicas al gobierno colombiano.

La ONU advierte que el Acuerdo de Paz reitera la obligación de “depurar” los archivos de seguridad nacional – incluyendo los archivos de inteligencia – de información sobre defensores de derechos humanos, miembros de la oposición y miembros del nuevo movimiento político de las FARCEP, cuando no exista razón legítima para su inclusión.

Recuerda que en julio, la Comisión Interinstitucional de Depuración de Datos y Archivos de Inteligencia entregó a la Presidencia un informe incluyendo recomendaciones de criterios para la permanencia, retiro y almacenamiento de información de inteligencia. La Oficina considera que el informe debería ser discutido y fortalecido públicamente antes de iniciar la “depuración” dentro de un año.

El informe hace énfasis en la necesidad de crear un mecanismo autónomo con poderes de revisión y desclasificación de la información de inteligencia por razones relacionadas con los derechos humanos.

Subraya que el Gobierno indicó a la Oficina que las fuerzas militares han “depurado” información de sus archivos. Preocupa que esto se ha hecho antes de ser avaladas y formalizadas las recomendaciones de la Comisión Interinstitucional de Depuración, generando el riesgo de que se pudieran haber eliminado evidencias de violaciones de derechos humanos.

Finalmente precisa que la Oficina y el Comité de Naciones Unidas de Derechos Humanos han resaltado que el Gobierno debe esclarecer el alcance y la regulación de la facultad para monitorear el espectro electromagnético prevista en la Ley de Inteligencia y el nuevo Código de Policía. Esto con el fin de garantizar la legalidad, proporcionalidad y necesidad en la recolección de datos sobre individuos y la aceptación pública de dicha facultad.

LAS 15 RECOMENDACIONES AL GOBIERNO

En este informe, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos celebra el acuerdo de paz alcanzado entre el Gobierno de Colombia y las Farc, destaca las tareas que las partes negociadoras le encomendaron a su Oficina en Colombia para apoyar la construcción de paz, que incluyen informar en un capítulo especial de sus informes anuales al Consejo de Derechos Humanos sobre la implementación de los aspectos de derechos humanos del acuerdo.

Este informe también describe la situación de derechos humanos en materia de paz, seguridad, desarrollo y democracia. Destaca algunos desafíos, especialmente en las áreas rurales, que incluyen la seguridad ciudadana, la violencia vinculada a actividades económicas ilegales, los ataques en contra de los defensores de derechos humanos, la corrupción y las desigualdades en el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales.

Las quince recomendaciones que contiene el informe son las siguientes:

El Alto Comisionado para los Derechos Humanos reitera las recomendaciones de sus anteriores informes y:

a) Urge a las entidades del Gobierno a implementar cada uno de los aspectos del Acuerdo de Paz con base en los estándares internacionales de derechos humanos, e insta al Estado y a las FARC-EP a reconocer plenamente su responsabilidad por las graves violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, con el fin de generar procesos efectivos de reparación basados en un consenso con las víctimas.

b) Insta al Estado y a las FARC-EP a garantizar la no-repetición de las violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario que han caracterizado el conflicto armado, lo que incluye la priorización de: un enfoque de género; el interés superior del niño, especialmente en procesos de desvinculación de las FARC-EP; la participación efectiva de las víctimas y de la población; la realización progresiva de los derechos económicos, sociales y culturales mediante la reforma rural; la responsabilidad del superior por violaciones graves de derechos humanos y del derecho internacional humanitario; la búsqueda de personas desaparecidas; la lucha contra la impunidad en casos de violencia sexual relacionados con el conflicto; límites y regulaciones para el otorgamiento de amnistías, indultos y medidas especiales; el pleno respeto, protección y realización de los derechos de los pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas; y redoblar los esfuerzos para poner fin al desplazamiento forzado.

c) Insta a las entidades del Estado a incluir a las víctimas en la planificación y elaboración de presupuestos, a diseñar mecanismos flexibles para la implementación en los ámbitos local y nacional, y a garantizar la rendición de cuentas periódica y basada en resultados y la transparencia de todas las acciones. Se deben desarrollar mecanismos de veeduría nacional, que incluyan a la Procuraduría General de la Nación, y que sirvan para reforzar las acciones del Gobierno a favor de los derechos de las víctimas.

d) Llama al Estado a establecer un sistema efectivo de protección e incentivos para que los funcionarios públicos puedan participar libremente en los mecanismos de justicia transicional.

e) Exhorta al Estado a diseñar e implementar, con la participación de la sociedad, los cambios estratégicos, institucionales, presupuestales y operativos para garantizar la seguridad ciudadana en las áreas rurales, de conformidad con los estándares internacionales y la Constitución.

f) Alienta al Gobierno y al ELN a avanzar hacia una solución negociada al conflicto armado, respetando los derechos humanos y el derecho internacional humanitario con el fin de construir confianza mutua y con la población.

g) Recomienda que el Ministerio del Interior, la Fiscalía General de la Nación, la policía nacional, la Unidad Nacional de Protección y las autoridades regionales y locales cumplan, de manera articulada, con los compromisos políticos y técnicos acordados con los defensores de derechos humanos relacionados con prevención, protección e investigación. A nivel político, se debe poner fin a la cultura de estigmatización contra los defensores de derechos humanos que persiste en algunos sectores. A nivel técnico, se deben realizar análisis conjuntos de situación que permitan identificar e investigar a los perpetradores de los ataques.

h) Insiste en que todo uso de la fuerza por parte del Estado sea llevado a cabo de conformidad con el derecho internacional de derechos humanos, salvo las acciones en contra de los grupos guerrilleros clasificados objetivamente como grupos armados organizados y a los que se les aplica el derecho internacional humanitario; cualquier uso letal de la fuerza debe estar acompañado de una plena y pública rendición de cuentas.

i) Urge al Estado a abordar los obstáculos que impiden o condicionan la participación de la población rural en los procesos electorales.

j) Recomienda al Estado a iniciar un proceso público, coordinado por la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, de discusión y rendición de cuentas sobre los avances y dificultades en la implementación de la Ley de Inteligencia con el fin de revitalizar el proceso de reforma del sector de inteligencia en conformidad con los derechos humanos.

k) Urge al Estado a priorizar sus esfuerzos de prevención, judicialización y sanción de la corrupción en instituciones públicas, con el fin de fortalecer los derechos humanos, el desarrollo, la democracia y la construcción de paz.

l) Alienta al sector privado a seguir desarrollando actividades empresariales que contribuyen a mejorar el nivel de vida en áreas afectadas por el conflicto, la violencia y la pobreza.

m) Recomienda que el Estado ratifique los Protocolos Facultativos al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención contra la Tortura.

n) Recomienda que la comunidad internacional se asegure que su apoyo financiero y técnico al proceso de paz contribuye a mejorar el goce de los derechos humanos, y que su impacto sea evaluado periódicamente.

o) Propone que el Sistema de las Naciones Unidas en Colombia, como parte de la implementación de las políticas institucionales de derechos humanos, incluyendo “Rights up Front”, establezca un mecanismo de coordinación con la Oficina para el capítulo especial sobre la implementación del Acuerdo de Paz en los Informes Anuales del Alto Comisionado al Consejo de Derechos Humanos sobre la situación de derechos humanos en Colombia.