–La Agencia de la ONU para los Refugiados – ACNUR instó al gobierno colombiano a adoptar urgentes medidas para solucionar la grave crisis humanitaria que se registra en la región del Pacífico colombiano por el desplazamiento masivo provocado por la disputa territorio que se registra entre la guerrilla y bandas criminales.

Según la ACNUR, alrededor de 900 familias han sido víctimas de estos desplazamientos masivos. Además resalta especialmente que han sido las comunidades afrodescendientes y los pueblos indígenas que habitan estos territorios quienes han sido principalmente afectados con estos desplazamientos.

Los recientes combates en el Alto Baudó y en el Litoral San Juan son una muestra de las necesidades de protección que enfrentan estas comunidades, señala en su informe la Agencia de la ONU para los Refugiados.

Al respecto manifiesta su alta preocupación frente al incremento de situaciones de desplazamiento forzado y riesgo de desplazamiento que han afectado varias comunidades en las últimas semanas, en particular en la región del Pacífico colombiano, en la zona rural de Buenaventura y el Bajo Calima, en el departamento del Valle del Cauca; el Litoral del San Juan, Lloró, Alto Baudó, Domingodó en el departamento del Chocó; Timbiquí en Cauca; Santa Barbara de Iscuandé y la comunidad de El Pital (zona rural de Tumaco) en la costa pacífica nariñense, entre otros municipios, generando un alto riesgo para la integridad física y cultural de las comunidades.

La ACNUR advierte que durante los últimos años, la región de la costa pacífica se ha mantenido como una de las más afectadas por los desplazamientos masivos.

De acuerdo al seguimiento de ACNUR, en el año 2016 se desplazaron 11.363 personas (3068 familias) en esta región. En solo lo que va corrido del año, se han desplazado cerca de 3.549 personas (913 familias). En esta población, resultan especialmente afectadas las mujeres, los niños, niñas y adolescentes, advierte.

En el actual contexto de post acuerdo, las zonas tradicionalmente más afectadas por el conflicto armado presentan especiales riesgos por la disputa en el control que otros actores armados ilegales están ejerciendo sobre los territorios.

Por ello pide al gobierno colombiano adoptar medidas de atención, asistencia, prevención y protección dentro de los territorios afectados.

“Urge, así mismo, poner en marcha los planes de contingencia elaborados en el marco de los Comités de Justicia Transicional, así como la respuesta de otras instituciones nacionales”, reseña el documento.

ACNUR hace un especial llamado de atención a la necesidad de proteger a la población civil en este contexto y asegurar que estén dadas las condiciones de seguridad, voluntariedad y dignidad antes de adelantar eventuales procesos de retorno de las comunidades desplazadas.

Finalmente el comunicado precisa: ACNUR, que tiene presencia territorial a través de tres oficinas en la región pacífica, continuará apoyando a las autoridades y a las comunidades para atender los riesgos de protección que enfrentan y la necesidad de fortalecer una respuesta institucional integral frente a posibles escenarios de agudización de la violencia.