Este martes la Procuraduría General de la Nación envió documentos a la Fiscalía General y la Unidad de Restitución de Tierras para que estos organismos investiguen posibles conductas irregulares del excongresista Otto Bula, que al parecer tendrían que ver con el despojo de unas 1.800 hectáreas de tierras en el Sur de Bolívar.

Se trata de una advertencia del órgano de control acerca de una posible red de servidores públicos y particulares que habrían colaborado en el presunto despojo, después de ser señaladas por las víctimas y testaferros involucrados en estas actividades.

La Procuraduría señaló, por ejemplo, que en San Jacinto, Bolívar, Otto Bula en conjunto con varias personas: “al parecer, se valía del miedo de la gente y en muchos casos de condiciones sociales como el analfabetismo, haciendo contratos de promesa y compraventa que, según información con la que cuenta la Procuraduría, serían ilegales porque podrían violar el régimen jurídico de protección de los bienes de las personas desplazadas o en riesgo“.

Según el organismo, es necesario investigar a los servidores públicos que estarían involucrados en el tema de despojos y titulación de tierras de forma irregular.

La Procuraduría le solicitó a la Fiscalía que inicie investigaciones para establecer la presunta participación del exsenador Otto Bula en dinámicas similares de despojo masivo de tierras en diferentes zonas donde hay estructuras empresariales y personas naturales posiblemente relacionadas con él.

Así las cosas, el documento de la Procuraduría dice: “Remitir a la Fiscalía General de la Nación copia de las solicitudes de restitución de tierras sobre los casos referidos, cuando se haya iniciado estudio formal, o de los actos administrativos de inscripción en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, RTDAF, para que obren en la Fiscalía como material que permita abrir o continuar las investigaciones penales que correspondan, especialmente las relacionadas con el posible despojo masivo en la zona».