Un total de $146 mil millones, aproximadamente, es lo que, a corte de febrero de 2016, le adeudan los casi 30 mil beneficiarios del Pran (Programa Nacional de Reactivación Agropecuaria) y del Fonsa (Fondo de Solidaridad Agropecuaria), a Finagro (Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario), administrador de ambos programas.

Debido a esta situación, que compromete la economía de un amplio sector del campesinado colombiano, a través de un proyecto de ley, que ya surtió su primer debate en la Comisión Tercera y que por unanimidad fue aprobado para que continúe su trámite en Plenaria de Senado, se pretende ampliar, por el término de dos años, el período de extinción de dicha obligación, contados a partir de la promulgación de la ley. Así como también la suspensión del cobro jurídico, hasta por dos años, y que dicho cobro se aplique a deudas no superiores a 6 salarios mínimos.

Los deudores de ambos programas podrán extinguir sus obligaciones pagando de contado, hasta el 30 de junio de 2019, el valor que Finagro pagó al momento de la adquisición de la respectiva obligación. Hasta esa misma fecha, y a partir de la entrada en vigencia de la ley, la entidad administradora o acreedora de las obligaciones del Pran y del Fonsa, se abstendrá de adelantar cobro judicial bajo el entendido de que estas acciones quedarán suspendidas al igual que la prescripción de las mismas y sus garantías.

La iniciativa, cuyos autores son los representantes a la Cámara, Hernán Penagos y Eloy Quintero, y como ponente en Comisión Tercera, el senador Rodrigo Villalba (P. Liberal), consta de 5 artículos mas 8 parágrafos. Sobre dicho contenido, varios senadores hicieron algunas consideraciones que por solicitud del senador Iván Duque (P. Centro Democrático), serán tenidas en cuenta por el ponente para pulir el proyecto de cara al segundo debate. De igual forma por solicitud del senador Fernando Araujo, del mismo partido, se sumará como ponente del proyecto el senador Antonio Guerra de la Espriella (P. Cambio Radical).

Economía Colaborativa Digital (ECD) en Colombia

Otro proyecto que pasó a segundo debate fue el relacionado con las llamadas economías colaborativas digitales (ECD) en Colombia, con el cual se pretende incluirlas dentro del ordenamiento legal colombiano. La iniciativa define las ECD como “todas aquellas actividades económicas mediante las cuales se comparten e intercambian bienes y servicios a través de plataformas digitales que ponen en contacto directo a cliente y proveedor” (Ej.: Rappi).

Una de las preocupaciones del senador Antonio Guerra sobre el proyecto, tenía que ver con el impacto fiscal y una posible inconstitucionalidad al determinar que el Estado estaba “obligado” a impulsar instituciones que desarrollen este tipo de iniciativas o economías digitales, por lo que propuso conocer el concepto del Gobierno, desde el MinTic ,para que no se vaya en contravía de la normatividad vigente.

Al respecto la senadora María del Rosario Guerra (P. Centro Democrático), se refirió a la necesidad de definir hasta donde este tipo de economías tienen las mismas características que los modelos “físicos” de negocio.

Ante estas dudas el senador ponente explicó que actualmente no existe en el marco jurídico colombiano nada relacionado con este tipo de economías digitales, por lo que se busca definirlas y darles ese marco regulatorio; y sobre la inconstitucionalidad, aclaró que habría si a través del proyecto se intentara favorecer a un sector sobre otro.

Sobre si habría un impacto fiscal, el senador Duque aseguró que no, pues quien regula la plataforma digital es el MinTic, entidad que estaría en capacidad de desarrollar una política pública que cumpla con los postulados propuestos y en cuyo proceso participarían el Gobierno, los colectivos, agremiaciones, consejos, asociaciones, ONG’s, universidades, institutos y demás actores que fortalezcan y permitan tener una perspectiva diversa de la misa.

Con el propósito de tener un espectro más amplio respecto a lo que propone el proyecto, el senador Antonio Navarro (P. Alianza Verde), propuso la realización de una audiencia pública, antes de que el proyecto sea discutido en plenaria, y en el que participen representantes de este nuevo tipo de economía.