“No estamos desconociendo la gravedad del problema y por ello estamos buscando soluciones a través de la financiación de proyectos que adelantan ONG en alianza con los territorios. Las estrategias se enfocan principalmente en los jóvenes que registran consumos iniciales de drogas en ámbitos escolares y comunitarios”, dijo ante la Comisión Séptima del Senado el Ministro de Justicia y del Derecho, Enrique Gil Botero, quien respondió preguntas e inquietudes acerca de microtráfico y consumo de sustancias sicoactivas por parte de menores de edad.
En su informe, el jefe de la cartera de Justicia se refirió a la nueva perspectiva de la política pública de drogas contemplada en el Plan Nacional de Promoción de la Salud, Prevención y Atención del Consumo de Sustancias Sicoactivas (SPA) 2014-2021, que tiene su foco en Derechos Humanos, desarrollo y salud pública.
El alto funcionario señaló también que la política de drogas pone en el centro a las personas, y que por lo mismo se trabaja en el fortalecimiento y apoyo a la formulación de los 32 Planes Integrales Departamentales, los cuales establecen lineamientos prioritarios en cuanto al abordaje integral de la oferta, el consumo y la criminalidad asociada.
Actualmente se adelanta un trabajo coordinado entre los ministerios de Salud y de Justicia con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC) para la implementación del programa ‘Familias Fuertes: Amor y Límites’, el cual busca prevenir el consumo de estupefacientes. A la fecha se ha alcanzado una cobertura de 10.940 núcleos familiares en 66 municipios de 23 departamentos.
Otra de las estrategias para prevenir el consumo entre los jóvenes se desarrolla en Medellín, con la implementación del proyecto piloto del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), que se apoya en el mejoramiento de la asistencia técnica y de las capacidades de los equipos de operadores.
El Ministro concluyó señalando que el SRPA propone una modalidad de juzgamiento especial, con opciones de tratamiento voluntario para el adolescente que ha cometido un delito relacionado con consumo de drogas. Así, el juez impone reglas de conducta u otras medidas especiales alternativas a la privación de la libertad, respetando derechos humanos de los jóvenes investigados.
