–Ante el Tribunal Superior de Bogotá, el capturado fiscal Rodrigo Aldana Larrazabal aceptó los cargos formulados en su contra por la Fiscaslía en relación con sus nexos con el excongresista Otto Bula, procesado por los sobornos de la firma brasileña Odebrecht.
“Nuestra lucha contra la corrupción empieza por casa”, reseñó en su cuenta en Twitter el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, al reportar la decisión del fiscal Aldana Larrazabal.
A este alto funcionario del organismo acusador, la fiscalia le imputo 3 delitos: cohecho propio, prevaricato por omisión agravado y asociación para cometer delitos contra Administración Pública.
Según la fiscalía, Aldana Larrazabal recibió un apartamento de 200 millones de pesos de parte del excongresista Otto Bula a cambio de ayudas para intentar cerrar un proceso de extinción de dominio.
Tras aceptar los cargos imputados, el procesado fiscal recibirá hasta un 50% de reducción de la pena que finalmente se le imponga.
La captura del fiscal Aldana Larrazábal se hizo efectiva este sábado en cumplimiento de una orden emitida por el Tribunal Superior de Bogotá para responder por los delitos de prevaricato por omisión, cohecho propio y concertación para cometer delitos contra la administración pública.
Esta actuación, también compromete la responsabilidad de Otto Bula, quien será objeto de nuevas imputaciones, señaló la Fiscalía General de la Nación.
De acuerdo con la investigación, el fiscal Aldana “es responsable de procesos en los cuales el señor Bula tenía interés y mantenía con él comunicaciones personales”.
Otto Bula habría transferido bienes al círculo cercano al fiscal Aldana, resaltó el organismo investigador.
De otro lado, la Fiscalía General de la Nación anunció nuevas imputaciones dentro del sonado caso de los sobornos de la constructora Odebrecht.
La Fiscalía General solicitó audiencia de imputación de cargos en contra de Marcela Ferrán, Mónica Santamaría y Hernando Gómez Vargas, por el delito de administración desleal, con ocasión del crédito a Navelena S.A.S., por parte del Banco Agrario.
La señora Ferrán fue vicepresidenta de crédito y cartera, el señor Gómez Vargas es el vicepresidente jurídico y la señora Santamaría es la vicepresidenta comercial del Banco Agrario.
La Fiscalía General de la Nación solicitó audiencia de imputación en contra del señor Eduardo Gishays Manzur por el delito de lavado de activos, en el caso del soborno por US$ 6.5 millones para la adjudicación de la Ruta del Sol 2.
La Fiscalía General de la Nación solicitó audiencia de imputación de cargos en contra del señor Juan Sebastián Correa Echeverri, funcionario de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), por los delitos de tráfico de influencias y utilización indebida de información privilegiada. La audiencia respectiva está programada para el viernes 12 de mayo.
FECHAS PARA LECTURAS DE FALLO EN CASO ODEBRECHT
El próximo 8 de mayo se realizará la audiencia de individualización de pena y sentencia en contra del exviceministro Gabriel Ignacio García Morales, por solicitud de la Fiscalía General de la Nación. En el marco de su colaboración con la Fiscalía, el señor García Morales reintegrará al Estado colombiano bienes por la suma superior a los seis mil doscientos millones de pesos. ($6.200’000.000).
El próximo 5 de mayo se realizará la audiencia de individualización de pena y sentencia en contra de Enrique José Ghisays.
CASO EXMINISTRAS CECILIA ÁLVAREZ Y GINA PARODY
En la investigación originada por la denuncia interpuesta en contra de las exministras Cecilia Álvarez y Gina Parody, el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, envió el día de hoy a la Corte Suprema de Justicia la decisión mediante la cual se declara impedido para conocer de este asunto.
En ejercicio de su actividad profesional, Néstor Humberto Martínez Neira emitió un concepto en septiembre del año 2012, como lo señala la decisión en los siguientes términos:
“En calidad de abogado consultor durante el ejercicio privado de la profesión, el Fiscal General de la Nación emitió un concepto en el mes de septiembre de 2012, con arreglo al cual —a la luz del contrato suscrito, la documentación examinada y la situación para entonces vigente—:
La “Concesionaria Ruta del Sol SAS” no estaba llamada a ser la constructora de la vía Ocaña-Aguas Claras-Gamarra-Puerto Acapulco, y
La construcción de dicha vía debía ser contratada por licitación, respetando los principios de libre concurrencia y de igualdad entre los proponentes”.
En el comunicado el organismo investigador destaca que esta actuación es la primera que sobre el denominado caso “Odebrecht” llega al Despacho del Fiscal General de la Nación.