Así lo informó la ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Claudia Lacouture, al reafirmar el compromiso de la cartera por la formalización de la industria turística para que el sector siga siendo motor de desarrollo del país.
Los establecimientos objeto de esta medida comprenden en total 219 alojamientos, dos agencias de Viajes y un restaurante. En Boyacá fueron 10 alojamientos, Tunja, uno; en Cundinamarca, 20; en Bogotá, 28 alojamientos y una agencia; en Tolima, siete; en Neiva, tres; Ibagué, uno; Caldas, uno; Quindío, tres; Cauca, ocho; Popayán, cinco; Nariño, nueve; Pasto, cuatro; Cali, seis; Antioquia, nueve; Valle de Aburrá, 10 y una agencia; Córdoba, dos; Montería, cuatro; Casanare, uno; Guaviare, dos; Villavicencio, cinco; Cesar, ocho; La Guajira, 32; Magdalena, uno; Sucre, dos; Cartagena, cinco alojamientos y un restaurante y Santa Marta, 30.
También se han hecho cierre de establecimientos encontrados sin contar con requisitos como sanidad, bomberos o cualquier otro que se verificó que no se estaba cumpliendo para poder funcionar como establecimiento de turismo al momento de la visita.
“Una vez cerrados los establecimientos, corresponde a las Alcaldías aplicar las sanciones correspondientes de acuerdo con la ley. De lo contrario se exponen a procesos en la Procuraduría General de la Nación. Un turismo formal y para siempre sólo se logra con el trabajo articulado del sector público para garantizar el cumplimiento de las normas”, afirmó la Ministra Lacouture.
Las Brigadas por la Legalidad realizadas en todo el territorio nacional completaron esta semana 2.358 visitas de verificación a prestadores de servicios turísticos, las cuales ha liderado el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, luego de vencerse el plazo el 31 de marzo pasado para la actualización del RNT.
“Estas acciones buscan generar una competencia ajustada a las normas para que las empresas que están prestando servicios turísticos de forma legal, formalmente establecidas, tengan la posibilidad de generar desarrollo y equidad en una cancha con reglas claras e iguales para todos”, enfatizó la Ministra de Comercio, Industria y Turismo.
Los prestadores cuyos establecimientos han sido cerrados, no pueden ejercer la actividad hasta que acrediten la actualización del RNT. Para reactivar la inscripción en el registro deben cancelar a favor del Fondo Nacional del Turismo, Fontur, la suma correspondiente a un (1) salario mínimo mensual legal vigente.
El cierre del establecimiento está a cargo del respectivo alcalde distrital o municipal, que procederá directamente con aquellos que continúen incursos en esta situación tras cumplirse el plazo para ello, que venció el 31 de marzo.
Los prestadores involucrados solo podrán restablecer la prestación del servicio, una vez se haya cerrado el establecimiento, pagado la multa y obtenido el respectivo Registro.
Si la infracción consiste en la prestación de servicios turísticos sin estar inscrito en el Registro Nacional de Turismo, la multa será de hasta 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes dependiendo del tiempo en que haya prestado servicios de manera ilegal.
Las alcaldías podrán proceder de oficio o a solicitud de cualquier persona con las verificaciones del cumplimiento de los requisitos establecidos para los Prestadores y abrir las investigaciones o determinar los cierres a los que haya lugar.
De la base total de Registro Nacional de Turismo, a la fecha, el 85% ha cumplido con la actualización del RNT para continuar operando, lo que se traduce en 21.118 prestadores. Y en lo que va corrido del año, se han inscrito 1.554 nuevos prestadores de servicios turísticos en el RNT.
“Con la formalización de más prestadores de servicios turísticos se genera más confianza en los viajeros nacionales y extranjeros. Sólo así será posible un turismo para siempre y una industria turística fortalecida gracias al cumplimiento de unas normas que le garanticen una competencia legal y productiva”, dijo la ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Claudia Lacouture.
