Explicó que hay una serie de falencias en la forma como se brindan estos apoyos en los municipios del país y advirtió que “el presupuesto no puede ser excusa para seguir dejando a nuestros niños, niñas y mujeres desprotegidos”, haciendo referencia a que en muchos entes territoriales las comisarías no cuentan con un equipo interdisciplinario apropiado para abordar las distintas situaciones de violencia que se evidencian, entre otros, en el ámbito familiar.
Aseguró que llama la atención de la Procuraduría que en los reportes de la Fiscalía y Medicina Legal, el 85% de las víctimas de este flagelo son mujeres o niñas, situación que indica que, ”sin lugar a dudas, el género es una de las razones de este tipo de violencias”.
“No podemos seguir esperando como sociedad que todos los días los medios de comunicación nos informen que un niño, niña, adolescente o mujer sujeto de violencia de algún tipo”, y reclamó a las autoridades fortalecer sus acciones para salvaguardar el derecho que este grupo de especial protección tiene a una vida libre de violencias.
Afirmó que aunque existen rutas de atención en los casos de violencia sexual, desde el organismo de control se debe evaluar y hacer seguimiento a los protocolos existentes porque “algo está fallando, asunto que la Procuraduría debe establecer”, concluyó.
