La solicitud fue realizada por el Ministerio Público, por intermedio de la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, al conocer que a la fecha las instituciones educativas y etnoeducativas de Manaure, Dibulla y otros municipios del departamento no han iniciado su periodo escolar, lo que es una clara vulneración del derecho fundamental a la educación.
La Procuraduría llamó la atención para que las instituciones escolares, una vez inicien las clases, brinden a los estudiantes una debida y oportuna prestación de los servicios de transporte y del Programa de Alimentación Escolar – PAE -.
La Procuraduría solicitó, como parte de su función preventiva, un informe detallado sobre los planes, estrategias, medidas y acciones que se están implementando para garantizar el derecho a la educación de la comunidad indígena y en general de todos los estudiantes del departamento.
También requirió información sobre el estado actual de los procesos de contratación de los programas etnoeducativos en el marco del proceso de construcción e implementación del Sistema Educativo Indígena Propio –SEIP-, así como los avances en la contratación e implementación del PAE y del transporte escolar.
Finalmente, solicitó un reporte que describa las estrategias y proyectos que se están ejecutando para mejorar las condiciones estructurales y locativas de las instituciones escolares, que permitan brindar un servicio de calidad en condiciones dignas, y la fecha en que se dará inicio al periodo escolar en los distintos municipios del departamento, especialmente en los municipios de Manaure y Dibulla.
