Durante el encuentro de los alcaldes de los diferentes municipios del departamento del Chocó y la región de Buenaventura, con el alto Gobierno, se dieron a conocer las denuncias sobre el abandono en el que se encuentra esta zona del pacífico colombiano, que van desde la falta de presencia del Estado y la poca intervención de la Fuerza Pública, que dejan en una difícil situación de seguridad a la población civil.

El encuentro se registro en el centro de la capital del país, donde el Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera, llamó la atención sobre la compleja situación humanitaria que se viene registrando en el departamento del Chocó y el distrito de Buenaventura (Valle del Cauca), así como el difícil problema de orden público.

El Defensor advirtió que a pesar de los esfuerzos de las autoridades en materia de seguridad en las zonas rurales, se observa la expansión y disputa de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) por el control territorial y poblacional, el manejo de las economías ilícitas del narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión.

Precisamente y ante ante el comamndante de las Fuerzas Militares, general Juan Pablo Rodríguez, el director de la Policía general Jorge Enrique Rodríguez Peralta, el Defensor del Pueblo Carlos Negreth y demás altos mandos de la Armada, Policía y Ejército, el alcalde del municipio de San Juan-Chocó, Willinton Ibargüen Posso, denunció fuertes enfrentamientos entre grupos al margen de la ley en esa región del Pacífico.

El funcionario señaló que ya se cumplen 24 horas en las que integrantes de los Gaitanistas de las autodefensas y miembros del ELN, se enfrentan por el control territorial.

Frente a estas diversas problemáticas, Negret también alertó sobre la persistencia de las condiciones de vulnerabilidad social y económica de la población, la débil respuesta de las instituciones del Estado para atender la problemática advertida por la Defensoría, el retorno de las comunidades sin condiciones de dignidad, seguridad y voluntariedad, y la falta de acompañamiento de las autoridades nacionales en el nivel territorial.

“Esta situación ha causado un impacto humanitario que se evidencia en las afectaciones a los derechos a la vida, libertad e integridad, a causa de amenazas, homicidios, masacres y secuestros, desplazamientos masivos y confinamiento de comunidades; al igual que las graves afectaciones socio-ambientales causadas por la minería ilegal y los cultivos ilícitos”, reveló el Defensor.

Por lo anterior, este organismo exigió una intervención prioritaria y urgente para adoptar medidas humanitarias y de seguridad que protejan los derechos de la población en las subregiones del Bajo San Juan y Bajo Calima, el Medio San Juan, Baudó, la costa Pacífica chocoana, el Bajo y Alto Atrato y el Darién chocoano.

Además, recomienda establecer de manera urgente una intervención para el departamento del Chocó y el distrito de Buenaventura a fin de que se adopten las medidas necesarias para atender de manera integral y efectiva las problemáticas humanitarias que se presentan en la zona.

De igual manera, pidió que se revisen los compromisos gubernamentales adquiridos con la población.