, señaladas de la venta de manera fraudulenta de un extenso terreno de propiedad del Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, en el municipio de Melgar (Tolima).
Los procesados se dedicaban a llamar a los vendedores de vehículos que anuncian en las páginas en Internet, para ofrecerles los lotes a cambio de los automotores.
“En Melgar recibía a los interesados un señor de aspecto serio y bien presentado, les mostraba las bondades del predio como su ubicación central, el precio económico y las fuentes de agua que lo rodean”, sostuvo la fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Fiscalía en Bogotá.
Se estableció que exigían a las víctimas un adelanto de dinero y el resto con la entrega del vehículo. Las escrituras eran tramitadas de manera fraudulenta en la notaria de Silvania (Cundinamarca).
Se calcula que las estafas alcanzaron los 700 millones de pesos en menos de 2 años, anotó la delegada del ente acusador.
Los estafadores contaban con las maniobras ilegales que fraguaba el notario de Silvania (Cundinamarca), Mario Alberto Ramírez Giraldo, quien deberá responder por prevaricato por acción en concurso homogéneo y sucesivo, por defraudar aparentemente la confianza de los ciudadanos de quien presumían la buena fe.
Los otros capturados son: Jonathan Silva Guzmán, Ciro Novoa Castañeda, Luis Alberto Novoa Guzmán, Armando Novoa Guzmán, Víctor Julio Rivera Parra y Albán Hernández Patiño.
También se abrió proceso penal en contra de María Janeth Ramírez por el delito de prevaricato por acción en concurso homogéneo y sucesivo, y de Edgar Hernán Acosta Arias por falsa denuncia y receptación.
Todos los anteriores son judicializados como presuntos responsables de los delitos de concierto para delinquir y estafa agravada en modalidad masa por tratarse de bienes del Estado, específicamente del Ejército Nacional.
“Los bienes del Estado son inembargables, no comerciales y no pueden ser afectados por invasores según advierte la ley”, anotó al fiscal al solicitar la legalización de la captura.
El ente acusador continuará con las audiencias de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento.