La Administración del Alcalde Enrique Peñalosa continúa su incansable trabajo por defender el medio ambiente. En conjunto con la Policía Nacional – Sijin, incautó 25 toneladas de madera ilegal que provenían del municipio de Cartagena del Chairá (Caquetá).

Este operativo tuvo lugar en el sector de Las Ferias, en el momento en que se llevaba a cabo el descargue del material.

Fueron detenidas 2 personas que no portaban los documentos requeridos por las autoridades para el transporte de la madera, por lo que fueron conducidas a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Engativá.

Según el Código Penal (artículo 328), este delito esta es tipificado como “ilícito aprovechamiento de los recursos naturales” y acarrea multas de hasta 3.600 millones de pesos y penas de hasta 6 años de cárcel. La madera incautada fue conducida al Centro de Recepción y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre de la Secretaría de Ambiente.

Protección a los ríos de la ciudad

Operativo incautación de madera – Foto: Prensa Secretaría de Ambiente

Sumados a los operativos contra el tráfico ilegal de madera, la Alcaldía y la Policía Nacional capturaron en flagrancia a siete personas contaminando varias estructuras ecológicas de la ciudad.

La primera captura se realizó en Puente Aranda, donde un ciudadano estaba arrojando tejas de asbesto-cemento en el canal del río Fucha.

En Kennedy, “4 personas fueron sorprendidas mientras disponían de residuos de construcción en cercanías al canal Tintal II y río Fucha”, explicó el secretario de Ambiente, Francisco Cruz.

Finalmente en Bosa las autoridades capturaron otras 2 personas en el momento en que arrojaban llantas en cercanías al canal Tibanica.

Todas estas personas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación para iniciar procesos de judicialización por el presunto delito de contaminación ambiental y afectación de la flora, fauna y agua de Bogotá.

El Distrito seguirá intensificando los operativos de control ambiental por toda la ciudad. Las multas por esta conducta pueden llegar hasta los 50.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, además de pagar penas entre 4 y 9 años de prisión como lo establece el Código Penal.