Pese a que las empresas de servicio público domiciliario son sancionadas por la mala prestación del servicio y por no dar respuesta a las quejas de la ciudadanía con 3.258 millones de pesos al mes, los servicios públicos en el país van en declive, pues aunque el espíritu de la ley 142 de 1994 que cuenta con más de 20 años, es la masificación de los servicios públicos, hoy ninguno de estos ha alcanzado el 100% de cobertura a la población.

Entre 2015 y marzo de 2017, la Superintendencia de Servicios Públicos ha sancionado a las empresas prestadoras con más de 87.000 millones de pesos. El departamento con más sanciones es el Atlántico con 82.000 millones de pesos, es decir, deben pagar 113 millones de pesos diariamente. En el caso de Bogotá, 2.500 millones, 3.5 millones de pesos diarios. Santander reporta 739 millones de pesos, que corresponde a 1 millón de pesos diarios por sanciones.

Según la Superintendencia, durante este mismo periodo se han presentado 150.191 quejas. Lastimosamente Bogotá lidera el ranking con 37.192, aproximadamente 46 al día, Atlántico con 20.735, 26 al día, seguido de Antioquia con 8.660 quejas, 11 diarias.

Las utilidades de estas empresas que ascienden a casi 2 billones de pesos anules, lo que no corresponden a la calidad del servicio que prestan como en los casos de Electricaribe en la Costa Caribe, Metroagua en Santa marta y la crisis de energía que vivió el país a causa de las generadoras de energía, las cuales recaudaron 14 mil millones de dólares por el famoso cargo de confiabilidad.

La situación tiene a empeorar si se tiene en cuenta que la directriz del Gobierno Nacional es a reducir los subsidios para los estratos 1, 2 y 3, como en el caso de energía y gas, donde el Gobierno trató de reducir estos subsidios en más de un 50% y para el servicio de acueducto y alcantarillado mediante la resolución CRA 750 de 2016 se dispuso la disminución de los subsidios casi en un 50%.

“Colombia requiere una reforma estructural en materia de servicios públicos, en donde el eje central sea la calidad, cobertura y tarifa justa y no en pro de la rentabilidad de las empresas como se contempla en el principal objetivo de la actual normatividad, manifestó el Representante del Partido MIRA.