Un fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Dirección Seccional de Bogotá formuló imputación de cargos en contra de Mauricio Fernando Solano Sánchez, exgerente del Fondo de Vigilancia y Seguridad, por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, prevaricato por omisión y peculado por apropiación en favor de terceros.

En este caso se lograron asociar 8 procesos del Fondo de Vigilancia y Seguridad (FVS), en los cuales aparece como indiciado el señor Mauricio Fernando Solano Sánchez, quien se desempeñó como gerente de esa entidad desde el 6 de mayo de 2009 hasta el 17 de enero de 2012.

De acuerdo con la investigación, el contrato 730 para la construcción de la sede de la Policía Metropolitana de Bogotá fue adjudicado a finales del año 2010, a la firma Castell Camel S.A.S., con un plazo de 15 meses y presupuesto de cuarenta y tres mil setecientos noventa y cuatro millones doscientos cincuenta y siete mil trescientos sesenta pesos ($43.794.257.360).

En diciembre de ese año inició la ejecución del contrato, pero cuatro años después, es decir en 2014, la obra se suspendió luego de que se descubrió que la construcción presentaba deficiencias como fisuras y grietas.

De acuerdo con el informe de interventoría, de fecha 26 de diciembre del 2011, el contratista de la obra no había tomado las medidas para alcanzar un rendimiento efectivo que lograra disminuir el atraso. Se observó, en ese entonces, una continua demora o negligencia en la toma de decisiones por parte del FVS, en cabeza del gerente Solano Sánchez.

Según los informes de supervisión e interventoría, el detrimento patrimonial asciende a $28.209’961.635,61 correspondiente a los pagos autorizados al contratista.

La audiencia de imputación se realizó en la residencia de Solano Sánchez, quien por su estado de salud no pudo ser trasladado a los juzgados de Paloquemao. El exgerente del FVS no aceptó los cargos que la Fiscalía le endilgó.

La obra está paralizada desde hace 15 meses debido a factores como los incumplimientos del contratista, la falta de gestión de los funcionarios competentes del FVS y las observaciones técnicas que comprometen la seguridad de la estructura. En la actualidad el edificio está abandonado y la Administración Distrital realizó un estudio para constatar el estado del mismo y su posible reestructuración, la cual traerá más gastos al Distrito.