Una corte de apelación francesa rechazó este viernes la petición de suspensión de ejecución de pena de la empresa certificadora alemana TÜV, condenada a pagar 60 millones de euros a 20.000 demandantes -5.000 de ellas colombianas- en el caso de las prótesis mamarias PIP.

Esta decisión obliga a la empresa alemana a pagar 3.000 euros a cada demandante, antes de que se conozca el resultado de un procedimiento de apelación, explicaron en un comunicado dos abogados de las demandantes, Olivier Aumaître y Deborah Roilette Gignoli.

«Exigiremos que los pagos se hagan rápidamente, o en caso contrario pediremos a las instituciones europeas que suspendan sus actividades de certificación con TÜV Rheinland», dijo por su parte Laurent Gaudon, que representa a otras 7.000 demandantes.

TÜV Rheinland y su filial francesa «van a proceder a los pagos provisionales tras la decisión» de justicia, anunció la empresa certificadora, encargada de supervisar las prótesis mamarias PIP, en un comunicado.

Esta empresa alemana fue condenada en enero por un tribunal francés a indemnizar con 60 millones de euros a 22.000 demandantes, en su mayoría latinoamericanas, ya que no verificó «la adecuación entre la adquisición de los diversos componentes necesarios y la fabricación de los implantes mamarios».

Lozano Blanco & Asociados, firma colombiana de abogados que representa a más de 9.000 afectadas de 38 países, ha explicado que las mujeres pueden reclamar si tienen o tuvieron implantes PIP desde el 2001, sin importar si sufrieron o no ruptura o cualquier complicación de salud. “Todas las mujeres son afectadas por estos implantes por haber comprado un producto que no cumplía con las condiciones de calidad y seguridad necesarias”, apuntó Nathalie Lozano, de esa firma de abogados.

El escándalo de las prótesis mamarias de la compañía francesa Poly Implant Prothèse (PIP) saltó a la luz pública en marzo de 2010, cuando se supo que la empresa utilizaba un gel de silicona no homologado para uso médico en vez del gel Nusil autorizado, que declaraba emplear.

La certificadora alemana se limitaba controlar los documentos del fabricante, y no la silicona utilizada. Las prótesis de PIP eran fabricadas en Francia, pero el 84% de la producción era exportada. Decenas de miles de prótesis fraudulentas fueron vendidas en el mundo, muchas de ellas en América Latina.

Según los demandantes, la principal consecuencia del defecto técnico de estos implantes es que cuando se realizan exámenes de elongación hasta su ruptura no cumplen con los estándares de calidad. Los PIP tienen una tasa de ruptura de entre el 25 y 30 por ciento, mientras que los implantes de otras marcas apenas alcanzan cifras entre el 2 y el 15 por ciento. En caso de ruptura, la sustancia produce irritaciones en la piel.

En Argentina, por ejemplo, unas 300 afectadas presentaron una demanda colectiva por 54 millones de dólares en 2013, aunque luego la justicia francesa estimó que la póliza de seguros de PIP solo cubría a las ciudadanas francesas. Brasil, por su parte, había prohibido años atrás la importación de las prótesis de PIP, entre otras marcas europeas, por decisión de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa).

En Venezuela, la Alianza de Usuarios y Consumidores (Anauco) anunció hace más dos años que unas 4.000 venezolanas usuarias de prótesis de esta marca francesa también preveían realizar una querella colectiva.

Las autoridades francesas dieron cuenta de 18.000 mujeres a las que se debió retirar los implantes a raíz de rupturas o irritaciones. Y fueron diagnosticados dos cánceres. Con información de AFP