“No le tengo miedo a la verdad. Acudiré al Tribunal Especial de Paz con la pruebas que respaldan mi inocencia y pediré que se tenga en cuenta el testimonio del presidente Juan Manuel Santos, quien conoce de primera mano mi caso”, fueron las palabras del General Jaime Uscátegui, tras ser notificado con orden de libertad el pasado 5 de mayo.

El caso del General Uscátegui se suma a un sinnúmero de solicitudes de colombianos que ven en la Jurisdicción Especial para la Paz, más conocida como JEP, la luz al final del túnel. El alto oficial del Ejército fue condenado a 37 años de prisión por omisión impropia en la masacre de Mapiripán, Meta, en 1997. Para él esta es la oportunidad de demostrar su inocencia.

“Después de permanecer en la cárcel por más de 16 años, por un delito de omisión que no cometí y sin las debidas garantías judiciales, veo en la JEP la oportunidad de demostrar mi inocencia y reivindicar mi buen nombre”, afirmó Uscátegui.

Sin embargo, la senadora Paola Holguín, del Centro Democrático, manifestó sus observaciones al respecto. “Nos duele como demócratas que los militares reconozcan una justicia que es ilegal e ilegítima, una justicia parcializada que se formó a medida de las FARC, quienes son los verdaderos victimarios de los colombianos y de nuestras Fuerzas”, indicó.

En el mismo sentido se mostró preocupada porque militares y policías, en el afán de libertad, reconozcan delitos que no cometieron. “Hay muchos casos en donde se juzgó injustamente, lo lógico sería que quienes han dado todo por defender la nación, tengan un tratamiento justo sin tener que someterlos a este Tribunal”, enfatizó la senadora Holguín.

Cabe resaltar que la JEP requiere de una Ley Estatuaria que reglamente su funcionamiento, sin embargo normas con aplicación inmediata, ven la luz del día, es así como guerrilleros y militares privados de la liberad en relación al conflicto armado, se acogen a esta justicia transicional como una salida a su situación jurídica.

A su turno, el senador Jimmy Chamorro afirmó que el caso de Uscátegui marca un precedente importante. “La justicia transicional nos permite dejar atrás años de violencia, debe estar acompañada de verdad, reparación y garantía de no repetición”, anotó el senador del partido de la U.

De otro lado la aplicación de la JEP generó controversia en la última semana, por la salida de la Picota de Herminsul Arellán Barajas, alias Pedro, responsable del atentado en el Club el Nogal y condenado a 40 años de prisión. Así como la libertad condicionada a dos de los implicados en el atentado con carro bomba al edificio de Caracol Radio en Bogotá, condenados a 28 y 27 años respectivamente.

Para la senadora Paola Holguín es infame equiparar a las Fuerzas Militares con una organización criminal. “Vamos a continuar luchando para que se haga justicia, somos conscientes de las falsas denuncias y las falsas víctimas. Pedimos que no se rompa el ordenamiento jurídico y que se den plenas garantías a nuestros héroes”, puntualizó.

Es importante aclarar que cada solicitud entra a un estudio pormenorizado, se debe cumplir con unos requisitos, avalar el procedimiento y los reglamentos. Los jueces y magistrados, tras profundas interpretaciones, definen a quienes benefician.

Otro aspecto que tiene en vilo a muchos oficiales militares y policías es la asignación de los magistrados, responsables de revisar caso por caso. En este sentido la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro, ACORE, pidió imparcialidad y que no se manejen posturas sesgadas.

Fue así como el senador Chamorro aseguró que las preocupaciones de los oficiales son válidas y que el proceso da las garantías necesarias. “No puede haber discriminación alguna, los militares están en todo el derecho de manifestar sus preocupaciones, bienvenidas sean las propuestas”, dijo.

Finalmente, en la conformación del nuevo Tribunal se espera que sean nombrados cerca de 70 magistrados. Néstor Raúl Correa fue ratificado como Secretario Ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz.