–Tras el candente debate que suscitó la propuesta de referendo de Viviane Morales para negar a las parejas homosexuales la adopción de niños y niñas, la Comisión Primera del Senado aprobó un proyecto de ley que pretende fijar un término máximo de 18 meses para que se entreguen los menores a los solicitantes.

“En ningún caso el Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos con el seguimiento podrá exceder los dieciocho (18) meses, contados a partir del conocimiento de los hechos por parte de la autoridad administrativa hasta la declaratoria de adoptabilidad o el reintegro del niño, niña o adolescente a su medio familiar”, precisa la norma propuesta, mediante la cual se modifican algunos artículos del Código de Infancia y Adolescencia.

Según el autor de la iniciativa, senador Germán Varón Cotrino, el objetivo es agilizar los procedimientos para la adopción, en otras palabras, el restablecimiento de derechos de los niños y así brindar seguridad jurídica a las decisiones que determinan las autoridades judiciales y administrativas competentes, respecto de su futuro y sus vidas.

El proyecto, que pasa ahora a segundo debate en el Senado, pretende modificar los artículos 52, 56, 87, 99, 100, 102, 103, 107, 108, 110, 124, 126 y 127 de la Ley 1098 de 2006, por la cual se expide el código de infancia y adolescencia.

En desarrollo de la sesión de la Comisión Primera, el senador Varón Cotrino aseguró que “cuando una persona va a hacer una adopción no tiene que ser necesariamente de una familia con altos recursos económicos. La demora en la respuesta al proceso les puede generar un alto costo, por eso el tiempo de espera no deberá superar los 18 meses y ese es el principal objetivo de este proyecto”.

La senadora Vivian Morales aplaudió la iniciativa y mediante una proposición le introdujo una modificación para que la búsqueda de los familiares de los menores no se enfoque en general en cualquier familiar sino principalmente en los parientes hasta tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad.

Al final, por 14 votos, la Comisión Primera avaló el proyecto para que las demoras en el aparato administrativo y judicial se disminuyan significativamente y los niños y niñas puedan ser adoptados en menor tiempo y sin las trabas que hay en en el proceso actualmente.

Según cifras del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a la fecha son cerca de 5.000 niños los que se encuentran en lista de espera para ser adoptados.

Lo complicado del tema es que, de esta cifra, solamente el 31% equivale a menores de 12 años, pues los demás se encuentran en edades entre los 13 y 18 años y para estos jóvenes no existe la misma demanda de solicitudes que para los primeros.

El senador Germán Varón Cotrino, advirtió que esta situación muestra la necesidad de modificar algunos artículos del Código de Infancia y Adolescencia, porque no existen criterios unificados entre las distintas entidades y autoridades encargadas de velar por los derechos de los menores lo que desencadena en vacíos jurídicos que perjudican los procesos.

“Tiene como objetivo que las autoridades competentes, esto es, el Defensor de Familia, Comisario de Familia o Inspector de Policía, adelanten actuaciones tendientes a restablecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes cuando se encuentran amenazados, vulnerados o inobservados.

Dentro de este proceso se adoptan medidas de restablecimiento de derechos, se identifican los factores de vulnerabilidad del entorno del niño, niña o adolescente, se vincula a las redes familiares y de apoyo de los menores de edad”, se lee en la justificación del texto.

Los artículos del Código de Infancia y Adolescencia que pretende modificar ‘parcialmente’ el proyecto de ley serán; 52, 56, 87, 99, 100, 102, 103, 107, 108, 110, 124 (Adopción), 126 y 127 “a fin de dotarlos de mayor claridad en su interpretación, superar vacíos jurídicos, definir legalmente medidas que permitan el restablecimiento material de los derechos de los niños… y así brindar seguridad jurídica a las decisiones definitivas que respecto de sus vidas determinan las distintas autoridades judiciales y administrativas competentes”, concluyó.