La representante del movimiento político Voces de Paz, ligado a las FARC, Imelda Daza, le pidió hoy al presidente colombiano, Juan Manuel Santos, asumir la implementación del proceso de paz y reprogramar la dejación de armas de esa guerrilla porque no tienen seguridad jurídica.

“Le pido (al jefe de Estado) que asuma las riendas del proceso de implementación del acuerdo, que utilice las facultades que la ley le da para retomarlo todo de nuevo y encauzar el proceso como venía dándose”, dijo Daza a periodistas.

La política se refirió al fallo del pasado miércoles por el que la Corte Constitucional declaró improcedente la prohibición al Congreso de modificar los proyectos de ley presentados mediante el “fast track” (vía rápida) para la implementación del acuerdo de paz con las FARC, decisión duramente cuestionada por esa guerrilla.

Daza, que perteneció al partido Marcha Patriótica y tras 22 años en el exilio en Suecia ahora es representante de Voces de Paz en la Cámara de Representantes colombiana, aseguró que con el fallo “el acuerdo de implementación ha sufrido un revés”.

Recordó que con la decisión de la Corte los proyectos que presente el Gobierno serán votados artículo por artículo y se tendrán que aceptar las modificaciones que se les hagan en el Congreso.

“Así no terminaremos nunca de normativizar el acuerdo”, dijo Daza, quien agregó que esa es “una manera elegante de sabotear el proceso”.

Insistió en que los miembros de la Corte no pueden “borrar de un plumazo el esfuerzo de cinco años de negociación” que permitieron que el Gobierno colombiano y las FARC firmaran el año pasado en Bogotá un acuerdo de paz que supone el fin del conflicto armado.

De cara al cumplimiento de los plazos para la dejación de armas por parte de las FARC, que finaliza el 29 de este mes, Daza consideró que los tiempos que restan son escasos y se debe reprogramar.

“Uno piensa que la solución más lógica es aplazar ese día D+180 mientras se resuelve la seguridad jurídica y la seguridad personal” de los guerrilleros.

A raíz del fallo de la Corte, las FARC también manifestaron su malestar porque se produce cerca al 29 de mayo, fecha en la que por calendario concluye el plazo de 180 días acordado por las partes para la dejación de armas y desmovilización de esa organización que tiene cerca de 7.000 guerrilleros reunidos en 26 puntos del país.

“No hay seguridad jurídica para ellos. El fiscal puede llevarlos presos, puede hasta extraditarlos y de otra parte no tienen seguridad personal”, concluyó Daza, quien llamó al país a que se pronuncie sobre lo dicho por la Corte.

“Está en juego la paz de todos los colombianos, está en juego un acuerdo que nos garantiza a todos que los fusiles se habrán silenciado para siempre”, concluyó. Con EFE