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La Sala de Casación Penal de al Corte Suprerma de Justicia aceptó el impedimento del fiscal General, Néstor Humberto Martínez, por lo que el caso tendrá que ser asumido por la vicefiscal María Paulina Riveros, para realizar la indagación preliminar contra las exministras Gina Parody y Cecilia Álvarez, por una presunta responsabilidad en delitos de tráfico de influencias y conflicto de intereses por el denominado caso Odebrecht.

Según la Corte, Martínez Neira presentó en el año 2012 un concepto jurídico sobre la viabilidad para adicionar el contrato de para la construcción de la vía Ocaña-Gamarra al convenio de la Ruta del Sol Tramo II, adjudicado en 2009 por el Instituto Nacional de Concesiones (Inco) a la empresa brasileña Odebrecht.

La oficina de abogados del Fiscal, envió en esa oportunidad, un concepto diciendo que la adición de dicho contrato debía hacerse por licitación privada y no por adición.

Parte de ese concepto remiotido a la ANI señalaba que: “La construcción de esas obras debe hacerse bajo licitación privada, bajo las reglas allí consignadas. Está llamada a respetar los principios de libre concurrencia y de igualdad entre (los) proponentes”.

Este año las exministras Parody y Álvarez fueron denunciadas por congresistas del Centro Democrático ante un posible tráfico de influencias y un conflicto de intereses por parte de las exfuncionarias, cuando firmaron el documento Conpes para la adición del millonario contrato a la Ruta del Sol II.

Álvarez, ministra de Transporte de la época, no se declaró impedida en su momento, pese a que la construcción y ampliación de dicha vía beneficiaba los intereses económicos de los familiares de la ministra Parody.