–El ex secretario jurídico de la Presidencia de la República Edmundo del Castillo Restrepo y el exjefe de prensa César Mauricio Velásquez fueron acusados por la Fiscalía General de la Nación del delito de concierto para delinquir por presuntamente haber promovido un complot para desprestigiar a la Corte Suprema de Justicia.

El proceso emprendido ante el Juez 56 de conocimiento de Bogotá y que tiene que ver con las famosas “chuzadas” del DAS, involucra también a los abogados Sergio Augusto González y Diego Álvarez.

Los hechos materia de la investigación se remontan al año 2007 cuando en ejercicio de sus cargos en el gobierno, habrían planeado el desprestigio a la Corte Suprema de Justicia como represalia por las investigaciones que adelantaba por posibles nexos entre políticos y cabecillas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

De la misma manera, sostiene la investigación que habrían programado la legitimidad de sentencias proferidas frente a los casos de alianzas entre políticos con grupos armados al margen de la ley.

Se presume que Castillo Restrepo fue quien acordó con miembros de las AUC, el acopio de información ilegalmente obtenida mediante equipos técnicos del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

El ente investigador los relaciona con los casos Paseo, Tazmania, Guzmán, Job, Fotógrafo, Pareja y Operación Procrear, en los que mediante el uso de equipos del entonces Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), abogados intermediarios y con jefes de las AUC se planeó supuestamente desacreditar las investigaciones del magistrado auxiliar de la Corte Suprema, Iván Velásquez.

En cuanto al exsecretario de Prensa César Mauricio Velásquez, la Fiscalía le endilga haberse concertado, presuntamente, con exfuncionarios gubernamentales en la planeación de una estrategia de comunicaciones y la divulgación de comunicados que tenían como fin el desprestigio del alto tribunal.

Según advierte la investigación, los abogados Diego Álvarez Betancourt y Sergio Augusto González Mejía, quien en esa época representaba los intereses judiciales del ex jefe paramilitar Tasmania, habrían servido de intermediarios entre los exfuncionarios del gobierno de la época y los cabecillas paramilitares para concertar el ilícito.