Tras cuatro horas de audiencia, la juez 25 de garantías imputó cargos por corrupción y tráfico de estupefacientes a los 22 capturados, nueve civiles y 13 policías, detenidos el viernes pasado en Bogotá.

Los civiles hacian parte de una organización criminal dedicada a la distribución y venta de estupefacientes, y los policías son señalados, entre otras cosas, de pedir cuotas quincenales que iban entre 50.000 y 100.000 pesos, y otras hasta de 50 millones de pesos, para no interferir en los negocios de esta organización.

De los trece policias capturados, seis estaban adscritos al CAI del barrio Las Cruces (en el centro), uno del CAI Britalia en Kennedy y uno más del CAI Villa Nidia en Usaquén.

Los otros seis funcionarios capturados hacen parte del grupo de estupefacientes de la Sijín Bogotá. La Fiscalía logró descubrir cómo funciona la organización criminal y cuáles son sus nexos con los uniformados capturados.

De acuerdo con las autoridades, Óscar Jimeno Delgadillo Peña, alias Boyaco, sería la persona encargada de distribuir las sustancias psicoactivas y entregárselas a Solanyi González Saavedra y a Cecilia Saavedra, quienes las almacenaban en un inmueble que funcionaba bajo la fachada de residencia o pensión.

En el barrio Ciudad Jardín Sur y en el barrio Las Cruces, en pleno centro de la capital, era donde estos presuntos criminales distribuían los estupefacientes.