— La Procuraduría General de la Nación advirtió que el proceso de contratación del Programa de Alimentación Escolar (PAE), que adelanta la Gobernación de Magdalena, podría traer consecuencias negativas para los niños y niñas del departamento, por los términos establecidos en el pliego de condiciones.

El Procurador Delegado de Vigilancia Preventiva para la Función Pública, Leandro Ramos, señaló que el “Departamento para la elaboración de los costos tuvo como insumo para el cálculo de la ración, el proceso de costeo de este programa contratado por el Ministerio de Educación, MEN, con la Universidad Nacional del Colombia del año 2012, que corresponde únicamente a los costos de materia prima, sin tener en cuenta la mano de obra, transporte, y costos indirectos de producción, entre otros, así como los lineamientos del MEN de acuerdo a la minuta patrón”.

En comunicación a la gobernadora, Rosa Cotes, el delegado del Ministerio Público pidió se indique cuál es el estudio de mercado realizado para calcular los valores correspondientes a cada porción, y las fuentes de información tenidas en cuenta para determinar los mismos; dónde se puede consultar la información obtenida por el ente territorial para establecer los valores de las porciones; cómo se trata de un proceso de costeo realizado en el año 2012, de qué manera se tuvo en cuenta el IPC de los años transcurridos hasta el 2017?.

“Si la suma de los valores arroja el valor total del presupuesto oficial de la contratación del PAE, que corresponde únicamente a la materia prima, cuál es la razón por la que no se incluyen los costos indirectos de producción, teniendo en cuenta que se trata de gastos en los que debe incurrir el contratista para dar cumplimiento al contrato?, preguntó el delegado en su comunicación a la gobernación de Magdalena.

Recordó que sobre los planes de alimentación escolar, la Corte Constitucional advirtió que los entes territoriales «tienen a su cargo no solo el deber de adoptar acciones para combatir la desnutrición infantil y garantizar el disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental de las niñas y los niños, sino el mandato constitucional de la educación».

La Procuraduría solicitó a la administración pronunciarse sobre cada uno de los interrogantes planteados y le recordó el deber de proporcionar una alimentación adecuada en condiciones dignas, así como en calidad y cantidad suficientes para satisfacer las necesidades alimentarias de los niños y niñas del Magdalena, lo que también incluye la protección y salvaguarda de los recursos públicos.

El ente de control advirtió a la gobernación de Magdalena que la acción preventiva realizada, no constituye una herramienta de presión a los servidores involucrados que ejercen funciones públicas, sino que presenta recomendaciones y observaciones que deben ser analizadas, y sobre las cuales es necesario recibir una respuesta oportuna por parte de la entidad contratante.