–Penas de 4 a 8 años de cárcel para “el gerente, candidato, administrador o auditor de campañas electorales” que superen los topes máximos de financiación, así como para quienes sean pillados promoviendo o comprando votos, planteó la Fiscalía General de la Nación en un proyecto de ley que radicó en el Congreso de la República.

De 4 a 8 años de presidio también se pretende implantar para los particulares que financien las campañas por debajo de la mesa, lo mismo que para los candidatos, familiares y miembros de campaña que tres días antes a las elecciones sean sorprendidos con sumas superiores a las permitidas por las normas electorales, pues se presume que es plata para comprar votos.

Y hasta 18 años de cárcel se propone para castigar el concierto para delinquir agravado, esto es, las actuaciones articuladas contra la administración pública o que afecten el patrimonio del Estado.

Igualmente, la Fiscalía se abroga el derecho a solicitar como medida cautelar ante el juez de garantías la suspensión de los contratos y de los desembolsos de los pagos hechos a contratistas involucrados en actos de corrupción.

Según el Fiscal General Néstor Humberto Martínez Neira, con la iniciativa pretende dotar a la justicia colombiana de instrumentos para sancionar eficazmente la corrupción y para el efecto, la iniciativa contiene herramientas procesales para facilitar investigación y judicialización de los corruptos.

“La guerra contra este flagelo no da espera”, advirtió Martínez Neira al radicar el proyecto al comenzar la legislatura ordinaria, la última del periodo presidencial de Juan Manuel Santos.

Los siguientes son los puntos fundamentales del proyecto de ley: