–La ley que acelera los procesos de extinción de dominio de bienes de narcotraficantes y corruptos en general, promulgó este viernes el presidente Juan Manuel Santos, quien advirtió que con esta nueva medida las autoridades tendrán más herramientas para golpear el eslabón que más le duele a los implicados en estas actividades ilícitas: el dinero.

La norma incluye incentivos a la ciudadanía para que denuncie bienes adquiridos ilícitamente. El denunciante recibirá como recompensa el 5 por ciento del equivalente a la venta del bien y quienes confiesen accederán a beneficios.

El jefe del Estado al promulgar la Ley 1849 destacó que esta lucha frontal el tema estratégico es el dinero.

“Ahí es donde más les duele” a narcotraficantes, criminales y corruptos, advirtió el presidente Santos, quien subrayó que la Ley 1849, que fue impulsada por la Fiscalía General, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Hacienda, a través de la SAE, confiere mayor dinámica al Código de Extinción de Dominio.

El primer mandatario explicó que un primer aspecto de los cambios introducidos es que se aceleran los procesos de extinción, porque se eliminan los 75 días correspondientes a la fase de fijación provisional de la pretensión del proceso.

Además, se garantiza, continuó, que “el juez que esté llevando el caso cuente con la experiencia en este tema” y acotó que si no puede hacer la notificación personal al demandado, se podrá notificar mediante un aviso.

El segundo aspecto destacado por el Mandatario, en el acto efectuado en la Casa de Nariño, es que se incentivará a las personas que denuncien.

“También se recompensará a los ciudadanos con procesos en curso que informen sobre la existencia de bienes de su propiedad o ajenos sujetos de extinción de dominio, estructuras criminales y redes de testaferrato”, indicó.

Precisó que la recompensa será equivalente al 5 por ciento del valor de la venta del bien y que el límite será de 2.500 smlv.

Igualmente, dijo que habrá beneficios para quienes confiesen voluntariamente sus bienes sujetos de extinción de dominio.

El Jefe del Estado señaló que el tercer aspecto de la nueva normativa es que permite darle mejor uso a los bienes afectados por la extinción de dominio.

En esta área el Estado podrá hacer uso temprano de los bienes: podrá distribuirlos, demolerlos o chatarrizarlos.

Tal uso temprano se aplicará cuando, por ejemplo, “representen un peligro para el medio ambiente, amenacen ruina, pérdida o deterioro, o estén generando un costo desproporcionado al Estado”.

El Jefe del Estado dijo que la decisión sobre el uso temprano del bien corresponderá al comité integrado por la Presidencia y los Ministros de Hacienda y Justicia.

“Ese comité trabajará de la mano de la recién creada Comisión Intersectorial de Extinción de Dominio, que va a solucionar cuellos de botella de los procesos y la administración de bienes”, agregó.

Además, declaró, que la Sociedad de Activos Especiales (SAE), que depende del Ministerio de Hacienda podrá ejercer las funciones de Policía para recuperar los bienes cuando sea menester.

Con relación a los predios rurales afectados por extinción de dominio pasará a la Unidad de Tierras y del Fondo Nacional de Tierras.

El presidente explicó también que los recursos del fondo de la SAE se mantendrá el 25 por ciento para Rama Judicial y el 25 por ciento para la Fiscalía General, que “ya no dependerá del Ministerio de Hacienda para ser ejecutado”.

Añadió que el 50 por ciento restante se destinará así: 10 porciento a la Policía Nacional para potenciar las investigaciones de la policía judicial y el 40 por ciento restante para fortalecer la infraestructura penitenciaria y carcelaria, entre otros destinatarios.

Una de las características llamativas de la normativa es que “los encargados de la administración de los bienes van a asumir la responsabilidad por su cuidado correcto y así vamos a poder garantizar que los bienes no se pierdan, no se dañen, no se deterioren”, acotó el Mandatario.

Finalmente, el presidente aseveró que con la nueva ley “le damos más dientes, más herramientas, más capacidad a las autoridades para combatir el crimen organizado, el narcotráfico y la corrupción”.