Este viernes el Parlamento venezolano, de contundente mayoría opositora, designó a 33 magistrados «legítimos» para sustituir a la misma cantidad de jueces nombrados por el Legislativo anterior, controlado por el chavismo, retando así al Tribunal Supremo, que pidió a las autoridades aplicar medidas de «coerción».

Dicha designación se produjo en un acto que se desarrolló en una plaza pública del este de Caracas y no en el palacio legislativo, medida que se toma un par de semanas después de que la sede del Parlamento fuera tomada por grupos violentos afectos al chavismo y agredieran a diputados y empleados.

Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional «No olvidemos por qué estamos acá: queremos pasar de Venezuela violenta y arruinada, a la de la paz y justicia».

El diputado opositor Carlos Berrizbeitia, encargado de proponer los nuevos nombramientos, afirmó que la designación de los magistrados por el Parlamento en 2015 «fue un proceso ejecutado a trocha y mocha», de forma irregular, algo que también ha denunciado la fiscal general, Luisa Ortega.

Berrizbeitia, señaló que: «se designaron personas que no cumplían con las exigencias previstas en la Constitución y la ley», y una vez en sus cargos estos jueces emitieron «pronunciamientos nefastos», que, en su opinión, desconocen la voluntad popular, como la sentencia en la que el Tribunal Supremo declaró «en desacato» al Parlamento.

El diputado se refería a la dictada por la alta corte en marzo para asumir, tras la declaración de «desacato», las funciones del Parlamento, una decisión que luego fue revocada parcialmente.

La Sala Constitucional del TSJ pidió hoy a las autoridades competentes que se apliquen «acciones de coerción» contra el Parlamento por cometer delitos de «usurpación de funciones» al designar nuevos magistrados de la máxima corte.

Juan José Mendoza, presidente de la Sala Constitucional del TSJ, indicó que: «Ante los actos declarados nulos de evidentes ánimos subversivos, la Sala declara que corresponde a las autoridades competentes civiles y militares ejecutar las acciones de coerción pertinentes a fin de mantener la paz y la seguridad nacional».

Por su parte el Tribunal Supremo manifestó que «se configura el delito de usurpación de funciones a quienes concurran en la inconstitucional pretensión de designación de magistrados» y advierte de «consecuencias jurídicas».

La oposición venezolana reunida en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) llamó a marchar este sábado hacia la sede del Tribunal Supremo en Caracas, para dar apoyo a los nuevos magistrados y pidió que también se dieran «gigantescas movilizaciones» en el interior del país.