La Procuraduría General abrió una investigación preliminar por las presuntas irregularidades registradas en los contratos de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) para la alimentación en todas las cárceles del país.

La investigación busca determinar las presuntas responsabilidades de los funcionarios en el contrato con vigencia 2017-2018 en el que debe garantizarse la prestación de este servicio esencial a las personas privadas de la libertad.

Según con el ente de control, es necesario conocer si el proceso contractual se cumplió dentro de los parámetros establecidos en las normas para desarrollar este tipo de convocatorias.

La Uspec tendrá 30 días de plazo para enviar la documentación requerida y el material que corresponda para conocer las actuaciones que se dieron en este caso.