–En un nuevo pronunciamiento oficial en torno a las declaraciones del director de la CIA, Michael Pompeo, sobre un supuesto complot para derrocar al presidente Nicolás Maduro, el gobierno venezolano anunció que instaurará una denuncia contra los gobiernos de EE.UU, Colombia y México, ante la CELAC, la UNASUR, la AEC y el Movimiento de Países No Alineados.

En un comunicado emitido por la Cancillería, el gobierno venezolana “exige las inmediatas y debidas excusas de la administración estadounidense, y alerta a la comunidad internacional de la amenaza cierta sobre nuestro país” en alusión al supuesto complot de la agencia de inteligencia en “coordinación con los gobiernos de Colombia y México”.

En el escrito, la cancillería venezolana relaciona diversas acciones que “se han levantado contra la Patria de Bolívar”, entre ellas “la campaña de operaciones de inteligencia, conducidas al más alto nivel, para derrocar el Gobierno constitucional” del presidente Nicolás Maduro, así como “el financiamiento y soporte logístico de las autoridades de EEUU de América a la oposición nacional como parte integral de sus esfuerzos desestabilizadores”.

El siguiente es el texto integral del comunicado:

La República Bolivariana de Venezuela repudia categóricamente las declaraciones del Director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los Estados Unidos de Norteamérica, Michael Pompeo, y denuncia ante la comunidad internacional las agresiones sistemáticas de los EE.UU contra Venezuela:

1. La campaña de operaciones de inteligencia, conducidas al más alto nivel, para derrocar el gobierno constitucional del Presidente Nicolás Maduro Moros, incluida la coordinación con los gobiernos de Colombia y México para lograr una transición en Venezuela, lo cual se corresponde con las acciones que los gobiernos de estos países han venido liderando a nivel regional.

2. El financiamiento y soporte logístico de los Estados Unidos de América a la oposición venezolana como parte integral de sus esfuerzos desestabilizadores de la democracia en Venezuela, y de promoción de la violencia con fines políticos.

3. La promulgación y renovación de la Orden Ejecutiva que considera a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional de los EE.UU y a su política exterior.

4. La imposición de medidas coercitivas unilaterales e ilegales contra altos funcionarios del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, incluido su Vicepresidente Ejecutivo, ministros, y magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), con el objeto de someter al Estado venezolano a los designios imperiales estadounidenses.

5. Que desde el inicio de la actual administración estadounidense ha llevado a cabo más de 105 acciones intervencionistas y hostiles, liderando los esfuerzos de intervención que se adelantan desde la Organización de Estados Americanos (OEA), en franca violación del derecho internacional, y amenazando con la adopción de “severas y rápidas acciones económicas” contra toda la población venezolana. Estas sanciones colectivas son del más claro corte imperial, y lesivas gravemente del derecho internacional.

La República Bolivariana de Venezuela exige las inmediatas y debidas excusas de la administración estadounidense, y alerta a la comunidad internacional de la amenaza cierta sobre nuestro país, considerando el terrible historial de esta agencia de inteligencia en la vulneración de la soberanía de países independientes, la afectación y sufrimiento a poblaciones enteras y la desintegración territorial de países no alineados con los intereses imperiales.

La República Bolivariana de Venezuela informa que denunciará a través de los canales diplomáticos correspondientes, al gobierno de los EE.UU, de Colombia y de México, ante la CELAC, la UNASUR, la AEC y ante el Movimiento de Países No Alineados, como nos corresponde como Patria libre e independiente. Este domingo 30 de julio el pueblo de Venezuela acudirá a las urnas pacíficamente a expresar su voluntad soberana mediante el voto universal, directo y secreto en fiesta democrática y en ejercicio de su soberanía directa para la elección de la Asamblea Nacional Constituyente.