La solicitud la hizo la Procuraduría General de la Nación a la Corte Constitucional, para que de luz verde al Decreto que fue expedido por el presidente Santos y que establece beneficios para los niños, niñas y adolescentes que salieron de las Farc con la implementación de los acuerdos de paz.

Este Decreto guarda conexidad con los acuerdos suscritos entre el Gobierno y las Farc, según el pronunciamineto de la Procuraduría, y es requerido para garantizar la restitución de los derechos que tienen los menores de edad que hicieron parte en las filas de la guerrilla, lo que los hace víctimas del conflicto armado.

El procurador General, Fernando Carrillo, consideró que el Decreto Ley 891 de 2017, servirá para que cuando los menores cumplan mayoría de edad y previa verificación de la Registraduría, ellos puedan: “permanecer en los lugares transitorios de acogida hasta cuando se vinculen a la oferta institucional dispuesta para ellas, de conformidad con el Programa Camino Diferencial de Vida”.

Aunque los menores llegan a su mayoría de edad, deben tener los beneficios del programa Camino Diferencial de Vida, dirigido por el Icbf, según la Procuraduría.

El ministerio público consideró también que la aplicación del Decreto es de carácter urgente, más con la situación de reclutamiento ilegal que se puede presentar en diferentes zonas de Colombia luego de la firma de la paz.