por Mauricio Botero Caicedo
En relación a el Acuerdo de La Habana, el presidente Juan Manuel Santos afirmó en su discurso el pasado 20 de julio:
“Lo que está en juego frente a la nación y la comunidad internacional, cuando se habla del cumplimiento del Acuerdo de Paz, no es mi nombre ni el compromiso de mi gobierno. Lo que está de por medio es la responsabilidad internacional del Estado. Para la comunidad internacional el Estado no está dividido en compartimentos. El Estado es uno; la política de paz es una. Por eso, cumplir el Acuerdo de Paz en todas sus partes es una responsabilidad, es una obligación moral, política y legal que asumimos ante el mundo entero y, particularmente, ante su máxima instancia, que es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.”
Respecto a los que dijo Santos la semana pasada, el abogado constitucionalista, Rafael Nieto Loaiza, en reciente artículo, afirma:
“Así, las cosas, el pacto entre Santos y las Farc no es ni un tratado internacional ni un acuerdo especial del DIH. Es apenas un pacto político que, por definición, no genera ningún tipo de responsabilidad internacional. Más aun, ese pacto no genera por sí mismo ninguna obligación interna. Las afectaciones al orden jurídico político que se han hecho en el marco de las negociaciones con las Farc se producen no por el pacto sino por las reformas constitucionales y las leyes que se han hecho por el Congreso y el Gobierno en estos años, que es cosa muy distinta. De hecho, no sobra recordar que el pacto de marras es ilegítimo, espurio, en tanto que se pretende ponerlo en marcha contra la voluntad de los ciudadanos expresada en el plebiscito del dos de octubre. Es un pacto contra la democracia. No obliga, por tanto, ni siquiera al gobierno Santos. Mucho menos a los que vengan en adelante. Y aunque hubiera sido aprobado en el plebiscito, que por fortuna no lo fue, no obligaría sino al Gobierno y nunca a las otras ramas del poder público. Los plebiscitos aprueban políticas, no producen reformas constitucionales o legales. La pretensión de Santos de que el pacto que firmó con las Farc obliga a las otras ramas del poder público o a los gobiernos que vienen solo es un reflejo de su pretensión autoritaria. Pero taca burro: al menos hasta ahora, esto no es una dictadura. Y no vamos a permitir que lo sea.”
Que el lector lea detenidamente cada una de las afirmaciones de Santos y de Nieto Loaiza y que decida quién dice la verdad.
El autor de esta nota, por su lado, cree que los argumentos están es del abogado constitucionalista.
