El Juez 3º Penal Municipal de Neiva, Huila, con función de control de garantías, impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario en contra del exalcalde de esa ciudad, Pedro Hernán Suárez Trujillo, por los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales.

También dictó medida de aseguramiento intramuros al exdirector de Deportes de Neiva, Carlos Alberto Ramos Parrací, y el exjefe de Contratación, Carlos Fernando Puentes Ramírez; mientras que a la representante legal del Consorcio Diseños Estadio, Erika Johana Hernández, le impuso detención domiciliaria.

Al ingeniero Miguel Alejandro Lozano Castañeda, representante legal de Consorcio Estadio 2014, y a Gustavo Adolfo Arboleda, contratista representante legal de la Unión Temporal Neiva 2012, el juez les otorgó una medida no privativa de la libertad, con restricción para salir del país, y dispuso la libertad del curador 1º de Neiva, Mauricio Vargas Cuéllar.

El ente acusador imputó cargos a los procesados por los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos.

Según lo establecido, se violaron los principios de planeación, economía, moralidad y responsabilidad en el proceso de contratación, además de haberse producido el detrimento patrimonial en una suma equivalente al valor de los respectivos contratos de obra.

En desarrollo del proceso, se evidenció que en contra de la recomendación técnica, las autoridades municipales tomaron la decisión —en el año 2012— de suscribir un contrato de obra pública para la remodelación y refuerzo arquitectónico del Estadio Guillermo Plazas Alcid, entre la Alcaldía de Neiva y el Instituto de Recreación y Deporte, como administración, dos consorcios y una unión temporal.

En la investigación de la fiscalía seccional de Administración Pública se estableció que el entonces mandatario de Neiva, al parecer permitió que un tercero se adueñara de recursos públicos por cerca de $25.000’000.000.

Entre las irregularidades, además se determinó que la obra inició sin el cumplimiento de los estándares de calidad exigidos para garantizar la seguridad, lo que generó el colapso de la estructura en el año 2014, cuando fallecieron 4 obreros y 9 más resultaron heridos. Es decir, 13 víctimas directas.

La Fiscalía General de la Nación inició las correspondientes investigaciones penales. La primera, por las irregularidades en la contratación y, la segunda, por los homicidios y las lesiones.