Corrupción rampante: El contrato que Gobernador Rey pagó a magistrado Bustos por asesoría jurídica
El Gobernador de Cundinamarca @JorgeEmilioRey, envuelto en el escándalo del cartel de “volteo de tierras” y sancionado por cobrar cifras exorbitantes en el impuesto a la plusvalía en Funza, pagó más de $87 millones al ex magistrado de la Corte Suprema, José Leonidas Bustos, investigado por corrupción— para que le brindara asesoría jurídica.
Las investigaciones adelantadas por la Fiscalía General, con apoyo de los Estados Unidos, han puesto en evidencia la escalada de corrupción en el país y dan cuenta de los tentáculos de los políticos para frenar investigaciones en su contra relacionadas en su mayoría con el delito de corrupción.
El Gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, acusado de usar el POT (Plan de Ordenamiento Territorial) del municipio de Funza, donde fue Alcalde (2008-2011) para favorecer a empresarios, constructores y particulares acaudalados con el cambio del uso del suelo, se encuentra de nuevo en el ojo del huracán.
Un contrato celebrado en febrero de este año con el ex magistrado José Leonidas Bustos, investigado por cobrar dineros para archivar y favorecer en procesos judiciales a funcionarios y políticos, deja en evidencia los tentáculos del mandatario cundinamarqués en la justicia para evadir denuncias y desviar investigaciones.
Rey, contrató por siete meses los servicios del ex presidente de la Corte Suprema para asesorar en asuntos jurídicos de carácter penal, disciplinario, administrativo y procesal, a la Secretaría Jurídica del Departamento. El documento fechado del 20 de febrero, fue firmado por la suma de $87 millones 500 mil pesos, pagando mensualidades de $12 millones 500 mil pesos (incluido IVA). El pago se hizo en dos tandas (Clic para ver documentos):
Los firmantes estipulan en el documento que por tratarse de un contrato sin riesgos “no se exigirá garantías” y adiciona cuatro meses de gracia en caso de no cumplir con los objetivos.
Lo anterior en relación a las denuncias hechas por particulares y exfuncionarios que se favorecieron con el “volteo de tierras” y que fueron archivadas por el detenido Fiscal Anticorrupción, Luis Moreno, involucrado en un caso de corrupción al haber recibido 10.000 dólares para obstaculizar el avance en un proceso contra el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, investigado por mal manejo en el dinero de las regalías de su región.
Vale recordar que Rey, es el político de las polémicas y los récords, pues en su trayectoria ha enfrentado investigaciones por enriquecimiento ilícito, prevaricato y fraude.
La Procuraduría los suspendió 30 días por haber presentado como sustento un acuerdo municipal, declarado nulo por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, para cobrarles plusvalía a los industriales de la zona. La norma estaba anulada, pero Rey expidió cuatro decretos que firmó en 2010.
Por esta acción, el organismo le formuló un segundo cargo “Por participar en la etapa contractual con violación al principio de responsabilidad, al permitir que el contrato 520 de 2008, se prolongara en un término muy superior al inicialmente pactado y no ejecutar recursos en aproximadamente 65% del valor del contrato y terminar celebrando un contrato con otra persona jurídica para desarrollar la misma labor inicialmente requerida dentro del contrato 520 de 2008.”
En un tercer cargo, fue acusado de “No actuar con diligencia y eficiencia para obtener la información técnica que soportara la liquidación del efecto plusvalía en el municipio de Funza, entre el año 2009 y el 2011”. El fallo emitido por la Procuraduría fue catalogado como ‘falta gravísima’ por lo que se profirió una suspensión en el ejercicio del cargo por 30 días los cuales se convirtieron en el pago de una multa por $5.387.133 pesos.
